* Los trabajadores del Frente de Taxistas Concesionados Organizados de México (FTCOM) se manifestaron en 28 estados de la República Mexicana; buscarán llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea un Ministro el que haga la declaratoria de inconstitucionalidad
Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2016
Los Taxistas Concesionados Organizados de la Ciudad de México (FTCOM), integrantes del Movimiento Nacional Taxista, dieron a conocer hoy que el Estado mexicano en sus distintos órdenes y niveles de Gobierno está renunciando a sus facultades y a su responsabilidad como ejecutor de las normas en detrimento no sólo al taxista sino de todos los mexicanos al permitir que empresas transnacionales lleguen a nuestro país y se lleven grandes ganancias afectando la economía y abonando al desempleo.
“Nos preocupa que por parte de nuestras autoridades se siga acrecentando este servicio de manera ilegal ya que nuestras leyes, desde la Constitución hasta una ley secundaria como lo es la Ley de Movilidad y nuestros reglamentos, señalan con toda contundencia y claridad que es necesario contar con concesiones o permisos para prestar el servicio de transporte”, destacó Ignacio Rodríguez, vocero de los Taxistas Concesionados Organizados de la Ciudad de México.
Añadió que así como hace dos años llegó Uber diciendo que darían el servicio a sólo un sector de la población, mediante tarjetas de crédito, en junio pasado comenzaron a cobrar en efectivo. Es decir, que estas empresas realizan lo que desean, con la tolerancia de los gobernantes mexicanos”, destacaron.
“Aquí en la Ciudad de México se ha fomentado la anarquía en el servicio, se ha permitido que estas empresas hagan lo que se les antoje, que suban tarifas, que creen nuevos servicios, etc., hay un ambiente de anarquía y de incumplimiento de nuestras reglas”, apuntó.
En conferencia de prensa informaron que simultáneamente en 27 estados de la República, cada uno en su localidad, se encontraban integrantes del gremio dando a conocer su problemática que al fin y al cabo, con sus peculiaridades cada una, en común es la misma.
Los taxistas del Estado de México realizaron bloqueos en la Avenida Central, mientras que los del FTCOM al serles impedido el paso bloquearon la entrada a la Ciudad en Indios Verdes, Calzada Zaragoza, Calzada de Tlalpan, Reforma a la altura del Museo de Antropología y otros puntos.
Asimismo, Rodríguez anunció que en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, compañeros taxistas se manifiestan en contra del segundo embate que sufren por parte de la Comisión Federal de Competencia (COFECE), en 10 años. Y es que mediante una opinión como la que recientemente publicó la COFECE, en 2006 se pulverizó al Sitio 300 donde confluían todos los permisionarios que prestaban el servicio. De esta forma, se quebró lo que la instancia gubernamental consideró monopolio, pese a que allí no había una sola empresa.
Ahora hay ocho competidores en el Aeropuerto y para darle cabida a Uber, Cabify y las demás aplicaciones que carecen de concesión, nuevamente inventaron que existe monopolio, cuando dentro de las ocho empresas existen mil 800 permisionarios, que rompen con el monopolio.
Al respecto, Hugo Guerrero, permisionario de Nueva Imagen, resaltó que la operación ilegal de las empresas transnacionales que prestan el servicio de transporte de pasajeros sin concesión, son economías disruptivas ya que no generan empleos formales.
“Es inaceptable que la COFECE con una recomendación quiera solicitar que se rompa con todos los esquemas de seguridad que los concesionados ofrecemos al usuario para permitir que estas empresas, que no pagan ningún costo de operación como nosotros, ponga en riesgo la seguridad de los usuarios y la economía de quienes si trabajamos de forma legal.
“Somos cerca de 1800 permisionarios independientes en la Ciudad de México y cerca de 10 mil a nivel nacional, de quienes no sólo dependen nuestras familias, sino además los empleados que hay alrededor de la infraestructura del transporte de taxi”, afirmó.
Alertaron además de un caso de grave magnitud que podría aparecer pronto en el país, el de la empresa armadora alemana Volkswagen, que hace unos días anunció la creación de un servicio de transporte colectivo. Una nota de la agencia sobre temas empresariales Reuters, dio a conocer el pasado día 5 de diciembre que “el mayor fabricante de autos de Europa busca meterse de lleno en los negocios de transporte de pasajeros tras invertir este año unos 300 millones de dólares en Gett, una pequeña empresa de viajes compartidos”.
Por lo que previnieron a los compañeros del sector de transporte colectivo, “pongan sus barbas a remojar porque cualquier día de estos caen en México estas empresas y con autoridades que a la primera dan su brazo a torcer, también a ellos los desplazarán como pretenden hacerlo con nosotros debido a la gran desunión del gremio y la gran corrupción de las autoridades”.
Subrayaron también que Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno capitalino mandó a su colaborador Héctor Serrano en la Secretaría de Movilidad porque vieron que este sector les podría dejar muchas ganancias y realizar varios cochinitos para su aspiración presidencial.
Ejemplo de lo anterior podría ser con la armadora que fabrica el híbrido Prius, el que intenta introducir el secretario de la SEMOVI, cuando existen estudios de que investigadores del Instituto Politécnico Nacional pueden convertir los vehículos a gasolina en eléctricos o a gas a un costo muchísimo menor que el de la compra de un auto nuevo.
Otro más de los cochinitos, además de los que aportarían cada una de las aplicaciones, es el de la empresa CARTEC (Car Record Technology), que los está validando. Además, está el de las tabletas que la SEMOVI pretende entregar “gratuitamente” a cada uno de los taxis concesionados, mediante las cuales van a poder realizar los cobros, en lugar del taxímetro actual, pero que tendrá publicidad cuyas ganancias irán a la empresa, no al taxista.
Finalmente indicaron que gracias a las denuncias presentadas, es que en la Asamblea Legislativa varios diputados, entre ellos Felipe Félix de la Cruz Ménez y Andrés Atayde se pronunciaron porque la SEMOVI entregue un informe sobre las reglas de operación, tarifas y aportaciones de las Empresas de Redes de Transporte (ERT), entre las que se encuentran Uber, Buggy Rides, Taxifi y Ergomotos, así como también integrar en un solo fondo, el Fondo Público Integral de Movilidad, todas las aportaciones relacionadas para evitar que haya “cochinitos” para las campañas presidenciales.
“Nosotros vamos a buscar llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea un Ministro el que haga la declaratoria de inconstitucionalidad sobre cualquier documento que pretenda avalar la legalidad de estos servicios, porque son ilegales”, aseguró Ignacio Rodríguez, vocero del movimiento”.