home Proceso electoral 2018 Emite Consejo General reglas y criterios para garantizar imparcialidad en uso de recursos públicos en comicios 2018

Emite Consejo General reglas y criterios para garantizar imparcialidad en uso de recursos públicos en comicios 2018

Este acuerdo recoge las normas aplicadas en comicios anteriores y no contraviene lo dispuesto, la semana pasada, por el TEPJF: Consejero Presidente

Los beneficios de programas sociales no podrán ser entregados en actos públicos a partir del inicio de las precampañas; se prohíbe la entrega de tarjetas que impliquen un apoyo directo futuro o condicionado a un proceso electoral

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) –con base en su facultad de atracción- emitió las reglas y criterios de interpretación para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales  2017-2018.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, destacó que ante la ausencia de una norma reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución, la autoridad electoral emite reglas y criterios de interpretación para garantizar la equidad de la contienda electoral y desalentar el uso o condicionamientos de los recursos públicos y de los programas gubernamentales en beneficio o en contra de candidatos, partidos o coaliciones durante los procesos electorales de 2018.

Comentó que las reglas y criterios de interpretación "recogen los criterios emitidos por esta institución, las tesis y jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en torno a la difusión de propaganda gubernamental, la difusión de los informes de labores de servidores públicos y legisladores, así como la participación de funcionarios y la implementación de programas sociales durante los procesos selectivos”.

Córdova Vianello aclaró que el acuerdo “no contraviene lo dispuesto -la semana pasada- por el TEPJF sobre la imposibilidad de que el Instituto Nacional Electoral reglamente lo relativo a la aplicación del Artículo 134 Constitucional”.

El contenido del acuerdo, agregó, “no es en este sentido una novedad” para los actores políticos que habrán de participar en la contienda electoral del siguiente año.

Los criterios aprobados por unanimidad incluyen las modalidades que puede adoptar la propaganda gubernamental, la actuación de los servidores públicos y la gestión de los programas sociales; además, se establecen, por primera vez, las condiciones a las que deberán ajustarse los informes de labores durante los procesos electorales.

Asimismo, respecto a los programas sociales, se dispone que durante los comicios no podrán ser entregados, desde el inicio de las precampañas, los beneficios de dichos programas en eventos masivos públicos y, establecen que se considerará presión sobre el electorado la entrega de tarjetas que impliquen un beneficio directo futuro o condicionado a un proceso electoral.

Con estos criterios, dijo el Consejero Presidente, el INE busca evitar una dispersión interpretativa, dudas o incertidumbres sobre las conductas sancionables entre una entidad y otra, debido a la concurrencia de 30 elecciones locales, la renovación del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.

Por su parte, el Consejero Ciro Murayama señaló que los lineamientos aprobados buscan desvincular a los programas sociales del ámbito electoral.

“En un deber ser de los programas sociales, estos deberían ser neutros a la vida político-electoral. Cuando los beneficios de estos programas se ofrecen o se condicionan a cambio de determinadas conductas político-electorales de los beneficiarios, o cuando tratan de impactar en las preferencias político-electorales de los ciudadanos constituyen un mal uso de los mismos”, abundó.

El documento aprobado establece que las normas y criterios son de aplicación para todas las autoridades electorales del país (federales y locales), así como a los servidores públicos en general, a fin de garantizar certeza y seguridad jurídica respecto a la difusión de propaganda gubernamental en cualquier medio de comunicación, así como en la utilización de programas sociales y de sus recursos.

Plantea que los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República hasta Síndicos, Regidores y Jefes Delegacionales de la Ciudad de México, incurrirán en una violación al principio de imparcialidad al aplicar recursos públicos a cambio de la promesa o la demostración del ejercicio del voto a favor o en contra de algún aspirante, precandidato, candidato, partido o coalición, a partir del inicio de las precampañas hasta la conclusión de la Jornada Electoral.

En otro punto, el Consejo General dio por recibido el Informe previo de resultados de gestión del 2017, elaborado por el Órgano Interno de Control del Instituto.

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