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El tema del agua debe ser considerado como un asunto de seguridad nacional: Erika Sánchez

El Grupo Parlamentario del PRI propone hacer ajustes a la iniciativa de Ley General de Aguas

 

Palacio Legislativo, 05-07-2020 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del PRI propuso hacer ajustes a la iniciativa de Ley General de Aguas, «porque se requiere de una norma precisa y clara, que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, a un precio justo y razonable, expuso la diputada Erika Sánchez Martínez.

En un comunicado mostró su extrañeza porque el último borrador de la iniciativa que discutieron los legisladores, no contempla el tema del agua como un asunto de seguridad nacional, a pesar de que la ley vigente sí lo hace.

La secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento se refirió a la propuesta de iniciativa y reconoció que ésta tomó en cuenta las aportaciones de especialistas y ciudadanos que participaron en los foros realizados a lo largo del país, sin embargo, la redacción requiere de algunos cambios que son fundamentales.

«Sabemos que actualmente el presupuesto del agua ha venido a la baja, es importante que construyamos una ley sólida que nos garantice el acceso al recurso y a toda la infraestructura que implica en las diferentes aplicaciones, doméstica, agrícola, industrial, turístico», dijo.

Pidió modificar el porcentaje de los integrantes de los Consejos de Cuenca, para evitar excesos en la representatividad más allá del 50%; respecto a los títulos de uso pecuario, la iniciativa mantiene la vigencia de cinco años, la propuesta es que se amplíen a 10 años.

Otra recomendación es que la ley establezca por municipio, el pago de derecho por el servicio público de uso del agua y saneamiento, para prevenir el cobro de tarifas desmesuradas.

«Que no se politicen las tarifas del agua en el país. Proponemos que sean las Comisiones Estatales de Agua o sus análogas las que analicen y determinen el monto de las tarifas; no todos los municipios son urbanos, en muchas entidades lo que predomina es lo rural; en Sinaloa, por ejemplo, tenemos municipios serranos donde el costo de la distribución es diferente y con esa distinción y en apoyo de los usuarios, deben establecerse las tarifas del agua», sugirió.

La legisladora por esa entidad alertó del desplome en la recaudación por este derecho y recordó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya lo admitió. La meta para este 2020 era ingresar 21 mil millones de pesos, pero la pandemia del coronavirus ha provocado, hasta el momento, una caída de 7% en los recursos.

Agregó que la preocupación no sólo es de carácter federal y que muchos alcaldes están mortificados por las aportaciones a estados y municipios, que ya sufrieron un recorte de más de 91 mil millones de pesos a nivel nacional y muchos de ellos no van a recibir ninguna ministración en los próximos meses.

Sánchez Martínez consideró que la iniciativa en cuestión es de avanzada, porque habla más del origen del agua y abona a la sustentabilidad, el cuidado y aprovechamiento, además incluye el uso de fondos necesarios para la gestión y rehabilitación de las cuencas, aunque lamentó el contrasentido, pues el partido mayoritario y sus aliados se empeñan en desaparecer los fideicomisos.

 

 

 

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