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Diputadas analizan reforma al artículo 19 constitucional sobre delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

Legisladoras de Morena, PRI, PES, MC, PRD y PVEM, se reunieron con representantes de asociaciones civiles en materia de feminicidio y con académicos para conocer su opinión respecto de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), explicó que llegó del Senado la minuta respectiva y se ha hecho una discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, “pero ésta pasará al pleno y hay temas que nos preocupan de manera clara y específica, como la tragedia y la emergencia nacional que vivimos en el tema de feminicidios en México”.

Es necesario allegarse de mayores elementos para enriquecer la discusión. Éste es un ejercicio de diálogo ante el segundo periodo de sesiones ordinarias porque tenemos el compromiso y responsabilidad de llevar a cabo discusiones profundas, más aún en temas como éste, que plantea un campo de tensión de diversas voces en relación con la prisión preventiva para diversos delitos.

Llamó a la responsabilidad de los legisladores para tener los planteamientos que las mujeres, niñas y jóvenes esperan de esta Comisión. “Es nuestro compromiso”.

Comentó que las instituciones por muchos años han sido desmanteladas y “debemos recuperarlas para que hagan bien su trabajo, ya que las órdenes de protección por razón de género no están funcionando. “Las mujeres no se pueden sentir protegidas, van y denuncian pero no hay una atención al respecto”.

Resaltó que las agresiones de género no son acciones aisladas y en más de una ocasión el agresor violenta a la mujer siendo un potencial feminicida. “Hay que observar la realidad y cómo son asesinadas las mujeres y que las fiscalías están rebasadas”.

Reconoció la preocupación que existe en el tema de derechos humanos por la prisión preventiva, por lo que consideró que se debe continuar analizando y discutiendo el tema.

Anunció que la próxima semana se llevarán a cabo audiencias públicas sobre la propuesta de reforma. El miércoles 6 de febrero, “Fundamento constitucional de la prisión preventiva”; el jueves 7, “Seguridad, justicia y prisión preventiva” y el viernes 8, “Prisión preventiva y sistema de justicia penal” y “Prisión preventiva, libertades e investigación”.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena), secretaria de la Comisión de Igualad de Género, subrayó que la prisión preventiva oficiosa que se quiere anular para el tema de feminicidio en el artículo 19 Constitucional, “refleja una vez más la invisibilización de la violencia de género que viven las mujeres.

Estimó que se debe exigir y dar el debate en la Cámara de Diputados para que este artículo quede muy claro, porque no es posible que no se quiera incluir un delito grave, como el feminicidio, y dejar esa laguna que permite que el agresor quede libre y siga asesinando.

En tanto, la legisladora Dulce María Sauri Riancho (PRI), vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que en el tema de feminicidio el Ministerio Público tiene todo para solicitar al juez que la persona enfrente el proceso en la cárcel y no es que no esté en el artículo 19, sino que hay serias deficiencias en la actuación de estos impartidores de justicia.

Por ello, solicitó analizar a fondo qué está pasando con los ministerios públicos, los jueces y juezas, “porque ahí es donde está fallando todo”. Agradeció a los ponentes por los elementos que brindaron para la reflexión y tener una intervención fundamentada en esta transcendental reforma.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (PES) consideró que el tema es delicado y difícil de consensar, porque “entiendo la postura de algunas y algunos diputados que argumentan que va en contra del principio de la presunción de inocencia”; pero, dijo, se tienen muchos elementos de lo brutal que puede llegar a ser este tipo de agresiones, por lo que coincidió en que el feminicidio debe ser incluido en el artículo 19 constitucional.

Mencionó que muchos ministerios públicos han sido capacitados y tienen las herramientas para que inmediatamente soliciten la prisión preventiva, pero siguen sin hacerlo. “Allá afuera no nos están protegiendo porque cada día mueren muchas mujeres y si no nos protegen en la calle, mínimo que la ley sí lo haga”.

La diputada María Elizabeth Díaz García (Morena), secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, resaltó que durante mucho tiempo la política neoliberal permitió e impulsó la violencia hacia las mujeres. “Hoy, mientras estamos aquí nueve mujeres van a ser víctimas de feminicidio y nos está matando la impunidad”.

Expresó que cuesta trabajo que otras legisladoras y legisladores entiendan que las mujeres en México “vivimos una emergencia a nivel nacional”, ya que de 11 feminicidios que se cometen todos los días en América Latina, 9 son en México; nuestro país es altamente feminicida y no se quiere voltear a ver el problema. Por ello, expresó su compromiso de coadyuvar en este tema y se pronunció a favor de frenar la violencia de género.

De la misma bancada, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) indicó que “no puede ser posible que mientras más mujeres mueren, cuando se presentan las denuncias, siga nuestro Sistema Penal Acusatorio diciendo que no es feminicidio, que es un homicidio doloso cuando ésta es una mentira”.

Por ello, dijo, “no podemos esperar a que el Sistema Penal Acusatorio empiece a hacer su trabajo porque eso es lo que no está haciendo, porque hacen mal las carpetas de investigación. Nunca le prestan las atenciones a las víctimas, ni lo que ellas necesitan para comprobar que hubo feminicidio”, por lo que consideró que se debe analizar el tema de manera profunda.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM), integrante de la Comisión de Seguridad Pública, estimó que existe un deslinde permanente entre los ministerios públicos y los jueces. Los primeros dicen que el juez no valora lo que plantean en sus averiguaciones y en la solicitud de prisión preventiva. Los segundos refieren que no está adecuadamente integrado y que no se justifica. “Y en este deslinde queda en medio el derecho de las víctimas”.

Enfatizó que no es solamente invocar o atribuir la figura penal de homicidio doloso como la solución porque entonces se estaría contribuyendo a invisibilizar el feminicidio, el cual es mucho más grave por la saña y el crimen de odio que está subyacente contra las mujeres; por ello, dijo, es fundamental que la discusión vaya en esta línea.

La diputada de Morena, Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la Comisión de Justicia, estimó que reformar el artículo 19 de la Constitución no es la vía más adecuada para lograr justicia en el tema de feminicidio. “Yo promoví ese delito en la iniciativa, pero después de la valoración, estimo que los cambios constitucionales solo van a agravar la situación que ya existe”. Se pronunció por buscar medidas alternativas que no violen garantías individuales, convenciones internacionales, ni preceptos como la presunción de inocencia. “Los legisladores debemos tener conciencia de lo que se votará, tomando en cuenta que el modelo de justicia del país no es el mejor”.

“Se entiende que se requieren mejores condiciones para dar justicia a las víctimas, pero podemos modificar leyes secundarias y no insertar en la Constitución este tema, únicamente para darle mayor visibilidad; eso se logrará cuando haya justicia”, señaló.

La secretaria de la Comisión, diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), estimó que la intención de ampliar catálogos de delitos es de carácter social; es decir, se pretende impactar mediante la percepción de la gente. “No es posible que aquí se esté diciendo que no importa lo que dice la CNDH o la CIDH”.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (MC), integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, se pronunció en contra de la reforma “porque la prisión preventiva oficiosa no es el medio para resolver el problema y que, por el contrario, lo agrava más”.

Precisó que la prisión preventiva oficiosa no es una buena herramienta para atender el tema del feminicidio, porque sin investigar se tendría que ir directamente a la cárcel el inculpado cuando el problema es la impunidad.

En su participación, Estefanía Vela Barba, del área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que la propuesta que amplía el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa no debe ser aprobada por los legisladores.

“Se tiene que rechazar por completo, porque los estándares internacionales indican que la prisión preventiva es, en sí misma, violatoria de derechos humanos. Están en juego preceptos como la presunción de inocencia y la libertad personal, que sólo se puede privar cuando no es de forma arbitraria”.

Explicó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Cedaw, por sus siglas en inglés, ha recomendado armonizar las leyes con medidas no privativas, situación que quedaría asentada en la Carta Magna si se aprueba el dictamen.

“La reforma se vende como algo necesario para proteger a las personas, pero las tutelas legales ya existen. Más bien tenemos que enfocarnos en que la prisión preventiva justificada sea correctamente aplicada”, comentó.

En el mismo dictamen, dijo, se refiere que la prisión preventiva oficiosa no va a disuadir la comisión de delitos ni acabará con la impunidad. “Se tiene que trabajar de fondo en las capacidades institucionales encargadas de operar el sistema de justicia”.

Del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Katherine Mendoza Bautista, Carlos Humberto Olvera González y Ana Yeli Pérez Garrido, señalaron que en México se cometen nueve feminicidios al día y tres mil al año, por lo que se pronunciaron a favor de incluir este ilícito en la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Consideraron que se requiere un debate profundo sobre la necesidad, pertinencia y legitimidad de esta medida cautelar, que coloque los derechos de las víctimas que están en riesgo, ante las deficiencias estructurales del sistema de justicia.

Dijeron que no incluir ese delito representaría para las mujeres y niñas víctimas de feminicidio y sus familias, una violación al derecho humano a la igualdad y a una vida libre de violencia, fomentando prácticas discriminatorias y reforzando los obstáculos para el acceso a la justicia y puede tener como efecto que se califiquen las muertes violentas de mujeres solo como homicidios dolosos.

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