El día de hoy se venció el plazo para la modificación de la reforma penal en el cambio sustancial del sistema de procuración e impartición de justicia inquisitorio al acusatorio – oral.
Mucho se ha complicado la transición por la cultura jurídica, aunque se han realizado varias acciones desde todos los ámbitos de gobierno estatal, legislativo y judicial, persiste en los ciudadanos una relativa desconfianza.
Las dudas se han centrado básicamente la forma en como los presuntos culpables salen libres, con medidas que no parecen proporcionales a la afectación del daño. La preponderancia del respeto de los Derechos Humanos, que debería ser uno de las fortalezas del sistema, parece jugar en contra de los ciudadanos.
Quienes nos hemos versado en el asunto reconocemos la importancia de los fundamentos como la justicia restaurativa y la presunción de inocencia. Elementos básicos que nos permitirían construir una ciudad más justa y respetuosa de la dignidad humana. La máxima finalidad del Derecho.
Aunque es un término legal que se cumple y celebra, debemos ser conscientes que el camino aún no termina. Tenemos que seguir avanzando en la consolidación de los procesos judiciales.
Una urgencia que no ha sido cabalmente atendida es la socialización de los cambios. Esto se requiere para ajustar la mentalidad y conciencia ciudadana. Sin ello estaríamos implementando un sistema de justicia hueco.