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Desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria, exigen eficacia en políticas públicas

El diputado Hugo Cabrera Ruiz (PRI), presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), afirmó que lograr un crecimiento armónico en el agro “no es un asunto menor; exige garantizar la eficiencia y eficacia de las políticas gubernamentales en la transición hacia el desarrollo y la soberanía alimentaria como estrategia de Estado”. 

Durante la reunión de trabajo “El desarrollo rural sustentable y significado de la medición de sus objetivos. Agenda 2030”, organizada por el CEDRSSA y realizada en San Lázaro, apuntó la necesidad de identificar estrategias que articulen los poderes Ejecutivo y Legislativo, para medir el bienestar de la población rural, a través de políticas armonizadas y asignación de recursos. 

Propuso identificar los principales retos y dilemas del desarrollo rural para alcanzar el bienestar social y económico de los productores, la conservación de la biodiversidad y corregir disparidades regionales que contribuyan a la soberanía y seguridad alimentarias, a través de acciones “de lo local a lo global”. 

Resaltó la importancia de visibilizar la evaluación como uno de los desafíos que tiene el Estado para lograr los objetivos en materia de desarrollo rural sustentable, y que resulta de fundamental interés para las actividades legislativas. 

“¿México se encuentra en el camino correcto para lograr los objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030?”, cuestionó. 

Por ello, reconoció la relevancia de profundizar el análisis sobre diagnósticos vinculantes que precisen y den uniformidad a reformas y ajustes en el modelo de evaluación y objetivos, donde concurren distintas dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal. 

El diputado del PRI, Francisco Javier Santillán Oceguera, integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, sostuvo que es prioritario que el Estado incluya, analice y vincule la variable demográfica en las acciones para acceder a un desarrollo rural sustentable, en el diseño de políticas públicas. 

“Si seguimos desatendiendo la vertiente demográfica, no le vamos a dar alcance nunca, ni con los desarrollos tecnológicos ni con la mejor estrategia de programas sociales. El Estado mexicano debe replantear un esquema de participación social para establecer políticas demográficas de acuerdo a lo que el país requiere; de otra forma, va a ser muy difícil atender la demanda social”. 

Consideró oportuno que los académicos propongan mediante una evaluación seria, sus criterios y acciones para controlar el crecimiento demográfico vinculado a los recursos naturales que son menos y requieren optimizarse, a través de una estrategia que atienda la problemática. 

Héctor Hugo Olivares Ventura, director general del CEDRSSA, apuntó que los objetivos del desarrollo rural sustentable deben tener un enfoque múltiple e interdisciplinario. No puede explicarse aisladamente, dijo, porque su medición corresponde al estudio de sistemas integrales, como eficaz herramienta de conocimiento y transformación de la sociedad en su conjunto. 

Reconoció la participación de académicos y científicos de instituciones de educación superior que analizan la realidad social del campo; sus propuestas nutrirán las actividades parlamentarias con su experiencia acumulada. 

Alberto Mayorga Ríos, director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), consideró importante visibilizar la evaluación como uno de los retos para lograr los objetivos del Estado en materia de desarrollo rural sustentable, ya que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) no ha dado resultados por los que “nos podamos sentir orgullosos”. 

En 10 años, puntualizó, la pobreza aumentó a casi un millón de personas; la contribución del sector rural al PIB se ha limitado a ser de 700 mil millones de pesos; y de 5 millones 300 mil unidades económicas rurales, casi tres cuartas partes son de subsistencia y solamente 8.7 por ciento son empresariales, lo que significa que son competitivas internacionalmente, exportadoras y las que mayor contribución tienen. 

Sadot Sánchez Carreño, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), afirmó que en el acceso pleno a los derechos sociales se encuentra la lección más acabada del estado de Derecho democrático del país. 

Agradeció las propuestas y diagnóstico de los académicos y expertos en torno a los retos para acceder al desarrollo rural sustentable. 

Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, refirió la reducida contribución del sector agropecuario al crecimiento económico nacional en las últimas décadas, con un repunte en 2015, cuya balanza comercial agrícola, por primera vez en este siglo, obtuvo un saldo positivo, repetido en 2016, cuando las exportaciones rebasaron 27.9 por ciento a las importaciones. 

A pesar del repunte en la producción agropecuaria, explicó que el sector registra una continua reducción en su capacidad para generar empleos. La Población Económicamente Activa constituía el 22.8 por ciento en 1993, y al 2012 se redujo al 13.4 por ciento. 

Indicó que el financiamiento otorgado a la actividad agrícola en proporción del Producto Interno Bruto (PIB) cayó de 2.03 a 0.38 por ciento, de 1994 al 2016, reducción asociada al escaso dinamismo del sector.

 Sobre los resultados de la fiscalización a programas rurales, mediante auditorías financieras, de cumplimiento y forenses en ocho rubros, señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades recurrentes en los apoyos a beneficiarios, de más de un programa, que no forman parte del padrón, no solicitaron recursos o no ejecutaron proyectos, o personas fallecidas o inexistentes que los recibieron. 

Asimismo, descubrió la aplicación de recursos a fines no autorizados; comprobaciones deficientes basados en documentos alterados o apócrifos; concentración de apoyos en pocos proveedores que operan con irregularidades como, por ejemplo, venta de insumos con sobreprecio; suscripción de convenios de colaboración no justificados y creciente modificación de los mismos. 

Resaltó la importancia de tomar en cuenta la recomendación específica, derivada de la fiscalización que la Comisión de Vigilancia presentó a la ASF, a fin de dar “seguimiento y reportar el estado que guardan las observaciones emitidas, particularmente en el ámbito sancionatorio, en el campo administrativo, en los programas que involucran a la Sagarpa, Educación Pública y a la Comisión Nacional del Agua”. 

Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de Desempeño de la ASF, consideró que en materia rural “México no cumplirá los objetivos de la Agenda 2030, pues son aún más ambiciosos que los Objetivos del Milenio, que tampoco se alcanzaron. Cerca de 20 metas de la Agenda deben cumplirse en el 2020 y sólo faltan 2 años”. 

Explicó que datos oficiales señalan que 30 millones de personas viven en 190 mil localidades rurales del país, en zonas donde se concentran rezagos en materia de educación, salud, servicios y vivienda. 

Afirmó que mientras esos lugares no generen riqueza, no podrán salir adelante, y para lograrlo requieren capital; sin embargo, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira) -principal financiador para el adelanto rural- apoyan con el 90 por ciento de sus recursos a unidades económicas altamente rentables, y sólo el 10 por ciento restante los canalizan a pequeños productores que son la mayoría, y no se alcanzan a atender. 

“En el país existen 10 millones de unidades económicas y la mitad están en zonas agrarias; el 73 por ciento son familiares y no generan mayor riqueza, sino la indispensable para la subsistencia”, explicó. 

Agregó que el PEC tampoco ha arrojado resultados en los últimos cuatro años y estimó que para que todo esto funcione “necesitaríamos crear una secretaría especializada en esos 30 millones de mexicanos, en todas las localidades rurales y en sus carencias”. 

Cassio Luiselli Fernández, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la UNAM, señaló que para cumplir los objetivos de la agenda 2030, hay una lista de indicadores de sustentabilidad en los que se debe trabajar de forma más rigurosa; procurar que ese esfuerzo no mengüe la biodiversidad mexicana y los mantos acuíferos; medir el estrés hídrico y ver que los programas e incremento productivo no graviten contra zonas forestales y suelos mexicanos. 

También, ocuparse del tema de las ciudades rurales con mucho rigor y en los bienes públicos que debe surtir el Estado, y generar investigación y desarrollo en sanidad, extensionismo y equipamiento e infraestructura de zonas productivas rurales. 

Thania de la Garza Navarrete, directora general adjunta del Coneval, señaló que la Agenda 2030 deriva del consenso político de varios países y cada uno tiene la obligación de retomarla, dado su contexto; sin embargo, dijo, no debe ser guía suprema en materia de desarrollo rural sustentable. “Nos parece que tenemos una gran guía sin esa agenda, que las diferentes legislaturas se han dado a la tarea de formarnos: la Constitución Política”. 

Se pronunció por retomar lo que dice la Carta Magna al respecto y no sólo los objetivos de esa agenda, porque “sino existe una lógica de implementación es una utopía lograr dichas metas y es un ejercicio que no tiene ninguna utilidad”. 

El coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México), Colegio de México, Boris Graizbord, mencionó que los análisis de pobreza, desigualdad y marginación realizados en los últimos 24 años no muestran cambios sustantivos: los pobres siguen siendo pobres. Paradójicamente, agregó, toda la inversión que se hace en desarrollo social o rural privilegia a los municipios urbanos. 

Dijo que el campo cada vez tiene más necesidades de desarrollo, aporta menos al PIB y presenta menos posibilidades de ofrecer y mantener la seguridad alimentaria, por lo que sugirió que el legislativo y todos los actores vinculados en esta materia, discutan persistentemente sobre mecanismos y estrategias que reduzcan la problemática del campo. 

“Un sistema permanente de hacer partícipe a los actores relevantes, me parece que es fundamental para poder imaginar el futuro, tomando decisiones presentes”, finalizó.

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