Una de las fortalezas del nuevo sistema penal entre todos los principios que lo fundamentan es el debido proceso. Un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley.
Esto fundamenta la acción de una autoridad para encausar la acción legal en el camino irrestricto del cumplimiento de la ley. Lo que evita el abuso de la autoridad en contra del ciudadano. No hay duda sobre la importancia que las autoridades solo pueden ejecutar actos de acuerdo a lo establecido en los marcos legales vigentes.
Lamentablemente vemos como en procesos penales bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio hay quienes están saliendo libres de responsabilidad por errores en el debido proceso. Es decir, en otras palabras, que las autoridades judiciales o ministeriales cometen falacias en la integración de la carpeta de investigación, inconsistencias en la cadena de custodia, entrevistas a los presuntos responsables empleando coacción o tortura, detenciones ilegales o sin cumplimiento de las normas y derechos constitucionales.
Todo eso altera el debido proceso y abre la puerta a la impunidad.
Recordemos el caso de la francesa Cassez que desde una perspectiva mediática quedo en la percepción ciudadana su responsabilidad en los secuestros a los cuales se le vinculaba. Sin embargo, la simulación en torno a su detención, el incumplimiento derivado de los tiempos para la asesoría jurídica del extranjero y otros detalles analizado por la Suprema Corte de la Nación, motivaron a la esta instancia a decretar su liberación: no por inocencia, sino por la indefensión procesal al no garantizarle el cumplimiento de la normativa legal en su proceso penal.
Ahora se ha dado a conocer de presuntas detenciones ilegales y tortura en los detenidos por el caso de la desaparición de los estudiantes. Esto compromete el caso al abrir la posibilidad de los hoy presuntos responsables alcancen su libertad por errores en la investigación e integración de los casos.
Si esto sucediera… ¿es justo que se quede impune un caso de comprobada afectación en el ánimo del mexicano?
La liberación de los detenidos de Ayotzinapa por razón del debido proceso consolidaría la incertidumbre y desconfianza del ciudadano en las instituciones y los marcos legales vigentes.
Abonaría al cuestionamiento que el nuevo sistema judicial no tiene nada de novedoso en la liberación de “culpables” por la omisión e ineficacia de las autoridades de dar certidumbre a los procesos legales.
… y todo, por el debido proceso.