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Crowdfunding, un nuevo reto legal en el financiamiento colectivo

La Internet nació como un proyecto militar durante la guerra fría para garantizar la intercomunicación entre las fuerzas militares. Al concluir este periodo beligerante a finales de la década de los 80’s del siglo pasado, el uso de la red se expandió primeramente a las universidades y posteriormente a la población general ya con un uso y finalidad comercial.

Sin duda, la gran revolución tecnológica de inicios de este siglo ha venido a reconfigurar las costumbres, tradiciones y procesos sociales. No es solo una herramienta para encontrar información, enviar correos electrónicos o chatear por medio de los diversos servicios y aplicaciones.

Uno de los cambios significativos en los últimos cinco años es la capacidad de financiación que podemos acceder desde la red. Desde créditos hasta las llamadas criptomonedas transforman la forma de hacer negocios, conseguir recursos financieros y explorar nuevas opciones de mercado.

Entre esas novedades encontramos una modalidad de financiamiento comunitario y abierto: el crowdfunding consiste en externar las tareas que realizar un empleado o contratista a un grupo numeroso de personas o a una masa comunitaria por medio de comunicación abierta para lograr conseguir fondos financieros para solventar una necesidad o invertir en algún proyecto.

Esto va de la mano en la forma de concebir el emprendimiento como una alternativa para mejorar las condiciones económicas de familias mexicanas, que por la situación económica precaria es difícil contar con los recursos financieros del sistema bancario tradicional tan ensimismado y encerrado en una tramitología excesiva y exorbitante difícil de cumplir.

Lo interesante del crowdfunding en México es que es una opción real, inclusive hay instituciones de educación superior que ofrecen capacitación y asesoría para usar estas nuevas herramientas de financiamiento abierto.

Lamentablemente la legislación está tardando en reaccionar a la velocidad de los cambios sociales. Recientemente, en el pasado mes de diciembre, se ha aprobado la llamada Ley Fintech que debió entrar en vigor en los primeros días de 2018. El nombre de Fintech proviene de las palabras en inglés “finance” y “technology”.

Esta ley es el reconocimiento, tanto de las empresas como de la existencia de operaciones financieras tecnológicas en nuestro país. El problema es que la ley aprobaba no nació como una necesidad de darle un cauce legal a este tipo operaciones, sino que su objetivo político se orienta más al combate en materia de lavado de dinero y fraude. Ambos problemas que preocupan a las instancias de control financiero por la facilidad de ser encubiertas en operaciones financiera los recursos de procedencia ilícita y de posibilidad del engaño o estafa.

Hay expertos que señalan deficiencias o lagunas legales en el nuevo marco jurídico. Un ejemplo, específicamente en el objeto de análisis en comento, es el vacío legal en materia de impuestos para las actividades de crowdfunding, lo que traería dudas en los sistemas contables ante una auditoría del SAT.

Pero no se puede negar la importancia de un mercado que representa cada día en aumento el porcentaje de su participación en los índices de Producto Interno Bruto en las principales economías del mundo, donde México igualmente juega un papel relevante.

 

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