Ante cuestionamientos de diputados de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción sobre los casos de corrupción, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, afirmó que este es un tema que “se tiene que acabar de manera global, es algo que nos tiene que abarcar a todos” para mejorar la percepción y calificación que México tiene.
La corrupción no es un tema únicamente del gobierno, de algún partido político o de un Poder de la Unión. Por parte del Ejecutivo, añadió, la SFP está trabajando con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con todos, incluso con la ciudadanía, para poder dar fin a este problema.
Durante su comparecencia, como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, la funcionaria pidió a los diputados vigilar el estado en que se encuentra la implementación del SNA a nivel estatal, la integración de sus entes y cómo van todas las leyes que se deben armonizar.
Mencionó que los indicadores para medir la corrupción en México “están mal”, por lo que es uno de los temas en los que se está trabajando para contar con estándares mínimos que cataloguen este tipo de conductas indebidas.
En la segunda y tercera rondas de cuestionamientos, el diputado del PES Gonzalo Guízar Valladares preguntó sobre los amparos promovidos por el Comité de Participación Ciudadana del cual forma parte la SFP. El primero de ellos sobre la nula o inadecuada implementación de los sistemas locales anticorrupción y, el otro, en cuanto a las competencias legislativas de los congresos federal y estatales en la elaboración y aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o las Leyes de Responsabilidades locales.
El legislador José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) preguntó qué políticas públicas ha implementado la SFP para lograr una mayor participación ciudadana y se conozca más sobre lo que hace el gobierno federal en la materia.
De NA, el diputado Francisco Javier Pinto Torres señaló que los esfuerzos para acabar con la corrupción e impunidad han resultado insuficientes, pues de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, hasta el 9 por ciento del PIB se pierde anualmente por este motivo. El informe del Barómetro Global de Corrupción 2016, señala que el 51 por ciento de los entrevistados en México reconocieron haber pagado algún soborno o realizado algún arreglo con algún funcionario para acceder a distintos servicios básicos.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (MC) mencionó que México es uno de los países donde la corrupción está presente. Inquirió por qué a nadie se le ha sancionado por los casos del Paso Express, Odebrecht y si en su paso por la PGR se integraron averiguaciones previas por la probable comisión de delitos en contra de integrantes de la campaña presidencial.
También de MC, la diputada Claudia Corichi García mencionó que en el mes de marzo la Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades por 835 millones de pesos en la construcción del nuevo aeropuerto; por ello, pidió detallar qué investigaciones o procesos se han iniciado a partir de estas revelaciones, y si existe ya algún funcionario sancionado.
Por el PVEM, la diputada Daniela de los Santos Torres, destacó la importancia de conocer las acciones de la Secretaría para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y si la dependencia podría intervenir para encontrar a los responsables de las irregularidades en la obra de la presa Francisco J. Múgica, en Michoacán, la cual tuvo un monto mayor al presupuesto de la ciudad de Morelia y de acuerdo a la Auditoría Superior de la entidad, se incurrió en varias faltas graves a las leyes.
La diputada Paloma Canales Suárez (PVEM) preguntó si presentaría algún conflicto de intereses el nombrar como titular del Órgano Interno de Control de la SFP a Andrés de Jesús Serra Rojas Beltri, quien se desempeñó también en el área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la PGR durante su gestión como procuradora general.
También del PVEM, el diputado Emilio Enrique Salazar Farías afirmó que todos “estamos en contra y hartos de la corrupción, más aún de la impunidad”, pero ningún partido tiene la exclusividad de ella, ha habido casos en todos. Estimó que se debe ser autocríticos y lo que se tiene mal, mejorarlo.
De Morena, la diputada Alicia Barrientos Pantoja expresó que los sismos de septiembre generaron diversos donativos para los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas. En ese sentido, consideró vital saber si se conoce la cifra oficial de las dádivas que llegaron al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, la vigilancia establecida sobre los procedimientos de control de la entrega, cuál es la cifra resultante del censo de damnificados realizado por Bansefi y Sedatu, y cuántos recursos serán destinados para daños menores y pérdida total.
La diputada Araceli Damián González (Morena) cuestionó qué sucede con la falta de estudios ambientales y del daño a la planificación urbana del nuevo aeropuerto, y pidió conocer cuántos contratos tiene Odebrecht con la administración pública. Enfatizó que hay una serie de casos de corrupción y no ha habido ningún funcionario público de alto nivel sancionado donde la ciudadanía se sienta satisfecha con la investigación que realiza la administración pública federal.
El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (PRD) resaltó que no todo en México es corrupción, pero en el país “no solo no se investiga, sino se protege y solapa a quienes desvían miles de millones de pesos hacia campañas políticas. La corrupción gubernamental es la puerta abierta a la infiltración de la delincuencia a los espacios públicos. Así de grande e importante es la tarea que usted tiene en sus manos”, expresó.
Ricardo Ángel Barrientos Ríos, también perredista, pidió que los 43 mil millones previstos para la reconstrucción por los sismos, que esta soberanía aprobará en los próximos días, no se desvíen y no se conviertan en una gigantesca bolsa electoral para el partido en el gobierno. Preguntó por los controles preventivos para que la ayuda llegue a los que verdaderamente lo necesitan. Además, cómo se vigila la actuación de los servidores públicos de Bansefi.
El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) estimó que las investigaciones del caso Odebrecht, que involucran a personajes importantes del gobierno y su partido, “han sido brutalmente detenidas” poniendo en riesgo no solo el proceso electoral del próximo año, sino la permanencia misma de la democracia mexicana. Señaló que si bien es cierto que Higa está pendiente de participar en el nuevo aeropuerto, Aldesa y Epccor, responsables del socavón del Paso Express de Cuernavaca, sí tienen una licitación.
Cecilia Romero Castillo, diputada del PAN, lamentó que no se haya presentado todavía ninguna denuncia ante la PGR por el caso Odebrecht y cuestionó si se han reforzado acciones de control, vigilancia y fiscalización sobre los procedimientos de licitación en los que aún está participando esta empresa o sus filiales, dado que la evidencia dice que ha habido una colusión de intereses. Afirmó que “para consolidar y hacer crecer a la democracia en este país, los pilares de la transparencia y la honestidad deben de estar presentes”.
Minerva Hernández Ramos, diputada del PAN, preguntó cuáles son los principales indicadores de desempeño que tiene la secretaría para cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción, porque se siguen obteniendo malos resultados en los índices internacionales de medición de la corrupción. “No estamos mejorando, al contrario, los números dan cuenta de que estamos empeorando. La corrupción en contrataciones públicas tiene una incidencia sumamente alta”.
La diputada priista, Olga María Esquivel Hernández, resaltó que hoy el Sistema Nacional Anticorrupción está en marcha y el SAT tiene activos seis mil 698 créditos fiscales impuestos por los órganos internos de control, por un importe superior a los siete mil millones de pesos, por lo que “sí construimos un México transparente”; sin embargo, dijo que a pesar de que existe la figura del testigo social, el cual participa en procesos de contratación pública, entidades gobernadas por otros partidos, no se ha aprovechado.
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (PRI) pidió conocer qué acciones ha implementado la Secretaría de la Función Pública a efecto de lograr los objetivos de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y, con ello, erradicar “estos actos que tanto daño hacen a la sociedad mexicana”.
Su compañera de bancada, diputada Alma Carolina Viggiano Austria, argumentó que ese mal preocupa y enoja enormemente a la ciudadanía. “La corrupción, desafortunadamente, es un tema que ha estado presente desde hace muchos años. Desgraciadamente, no hay partido político que se escape de este cáncer, no hay ninguno. Estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado y sabemos que hay mucho todavía por hacer. No queremos que ningún tema quede impune. Queremos que se aplique en la ley”.
Al responder, la titular de la SFP subrayó que en la última reunión del Comité de Participación Ciudadana, se propuso crear una mesa de trabajo para ver qué barreras se encuentran y cuáles no están especificadas en la Ley General de Responsabilidades y así presentar un paquete al Congreso de la Unión, como aconteció cuando se implementó el sistema nacional y los juicios orales.
Señaló que el testigo social, en procedimientos de contratación pública, es una figura muy importante para evitar actos de corrupción o influir, hacia un lado u otro, en el tema de las licitaciones públicas. Del 1 de septiembre de 2016 al 12 de octubre de 2017, la Secretaría llevó a cabo 116 designaciones de testigos sociales, 83 fueron al amparo de la Ley de Adquisiciones, 21 de la Ley de Obra Pública y 12 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. Aunado a ello, se efectuó la revisión de 151 informes parciales y un informe previo, así como la difusión de 88 testimonios.
Los testigos sociales han participado en procedimientos de contratación de especial relevancia, como en las adquisiciones de medicamentos y vacunas, o el servicio de seguridad subrogada, a cargo del Seguro Social. En fin, han estado participando en licitaciones públicas de alta envergadura y cuyos montos individuales fluctúan entre 400 y tres mil 350 millones de pesos.
La secretaria Arely Gómez González indicó que al Servidor Público que no presenta su declaración se le sigue un procedimiento y se le sanciona, la primera ocasión será una sanción leve y posteriormente, si es reincidente puede venir inclusive su destitución del cargo y puede llegar a ser mayor.
Dijo que de diciembre de 2012 a agosto de 2016, se presentaron 47 declaratorias y en un año esta nueva secretaría de Función Pública presentó 57, y los incrementos son por un total de 315 millones 744 mil 708 pesos con 13 centavos, y esto se pasa de inmediato a la Procuraduría General de la República.
En el tema Odebrecht, indicó que se ha trabajado con el mayor rigor posible dentro de la Secretaría de la Función Pública. “Qué más quisiera yo poder dar respuestas sobre delitos, pero mi función no es esa, sino que me toca ver la parte administrativa”.
Expresó que al día de hoy, no se ha denunciado a la Procuraduría General de la República ningún delito cometido o “tengamos indicios de que se cometió entre la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos.
Precisó que se hizo una revisión específica de los contratos celebrados, tomado comparecencia a 23 servidores públicos y por lo mismo tenemos 8 procedimientos administrativos abiertos, cuatro son contra las filiales de la empresa brasileña; dos contra sus representantes legales y dos contra servidores públicos de Pemex y se están desahogando en las etapas procedimentales.
Se han encontrado, dijo, cobros en exceso e inconsistencias, pero nosotros “no podemos investigar el soborno. Estoy impedida jurídicamente, eso le toca a otra instancia. De las investigaciones que nosotros realizamos ahí no sale el soborno, porque eso ya es el proceso de licitación, de contratación, de ejecución de la obra, de si se terminó en tiempo, si los costos fueron apegados”.
Agregó que para evitar que un hecho como Odebrecht vuelva a ocurrir, se han reforzado las acciones de auditoría y de fiscalización en Pemex, y derivado de la reforma energética, al entonces titular del órgano interno de control en Pemex, se le quitaron las facultades para practicar auditorías. Sin embargo, “nosotros y desde la hoy Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, hemos iniciado diversas investigaciones sobre los actos de corrupción más emblemáticos”.
Enfatizó que SFP es la encargada de investigar y sancionar a empresas filiales de Odebrecht por conductas irregulares exclusivamente de carácter administrativo. “Si encuentro algo de un soborno o algo, lo mandaré a PGR y, desafortunadamente cuando estábamos por emitir las resoluciones correspondientes a los procedimientos, las empresas empiezan a ocupar sus recursos legales para parar todo este tema, pero ya identificamos otros hallazgos que estamos terminando de integrar para hacer mayores presentaciones”.
La funcionaria aclaró que en el Nuevo Aeropuerto no hay ningún contrato con Grupo Higa, OHL ni Odebrecht. “OHL participó en licitaciones pero hasta el día de ayer no tenía ningún contrato asignado”.
En el Grupo Aeroportuario, agregó, se tenía un contrato vigente con Odebrecht, pero ya está suspendido, más otros dos que ya concluyeron. La SFP ha revisado tres contratos y “sí han generado irregularidades a la vista de nosotros, con nuestros métodos de investigación, y son los que estamos trabajando”.
Se está en la vía preventiva y correctiva en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, así como una capacitación en cuanto al tema de valores, del código de ética e integridad a los servidores públicos del aeropuerto. Además se trabaja con la Auditoría Superior de la Federación para las auditorias que efectuara cada dependencia, realizado visitas y observaciones al Grupo Aeroportuario.
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, señaló que se dividía en dos grandes rubros: el preventivo donde se trabaja y se atienden las 17 grandes recomendaciones que hizo la OCDE, y que en noviembre nos dará su informe. En el correctivo, la SFP inició 15 auditorías de las cuales hay 56 observaciones. “No puedo decir que está bien hasta que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que tiene un plazo legal de 45 días hábiles, dé respuesta a esas observaciones, así como las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación donde nosotros somos los encargados de hacer que se cumplan estas vistas que nos den”.
Sobre los sismos, destacó que la dependencia estuvo al pendiente de que los recursos se transfirieran de acuerdo a los lineamientos que señalaba el Fonden; dio seguimiento al Censo de Viviendas Dañadas y ahora se trabaja de la mano con la Auditoría Superior de la Federación y contralorías estatales, para que los contralores sociales acompañen y vean que se entreguen las tarjetas de manera correcta.
En cuanto al censo y entrega de apoyos, al día de hoy se tienen 21 denuncias. “Le estaremos dando trámite a estas denuncias y en CIDEC tenemos 6 denuncias”. Agregó que de acuerdo al titular del órgano interno de control de Bansefi se ejercieron 270 millones de pesos cerrados a través de las dos modalidades de tarjetas: Fonden canal abierto, canales y terminales punto de venta, y Fonden vivienda.
Gómez González resaltó que se trabaja para cumplir con la política nacional de igualdad de mujeres y hombres y se han tomado medidas necesarias, como administrativas, salas de lactancia, permisos de paternidad, ya que la igualdad es tanto para hombres como para mujeres. Afirmó que en esta administración federal, se incrementó en un 37.43 por ciento el número de mujeres en puestos directivos.
También comentó que respecto a políticas implementadas en el fortalecimiento de la participación ciudadana, se realizan consultas digitales, acuerdos con órganos colegiados y monitoreo de cumplimiento de compromisos del Gobierno federal, entre otros. “Se puede decir que el 100 por ciento de las propuestas ciudadanas obtuvieron respuesta de la institución correspondiente”, acotó.