La Cámara de Senadores exhortó al titular del Poder Ejecutivo de Michoacán a cesar las acciones represivas de hostigamiento, despido y amenazas en contra de los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de la Salud de Michoacán «Gral. Lázaro Cárdenas del Río».
Al respecto, la senadora Blanca Estela Piña Gudiño destacó que a pesar de las denuncias respectivas por la violación a los derechos de los trabajadores de ese sindicato, las arbitrariedades continúan y nadie hace caso a los exhortos.
Llamó al gobernador de la entidad a frenar los actos arbitrarios contra las y los trabajadores del sector salud, quienes han visto deterioradas sus condiciones de vida y la de sus familias.
Les han atrasado sus pagos y se han realizado movimientos de adscripción, afectando sus vidas y se les ha despedido y amenazado a los que han protestado en contra de estas arbitrariedades, indicó.
En este sentido, pidió al gobernador de Michoacán instruir a la titular de la Secretaría de Salud estatal, Diana Celia Carpio Ríos, y a los titulares de la delegación Administrativa, de Enlace Jurídico, y de Derechos Humanos de la dependencia, suspender las acciones represivas y de hostigamiento contra los trabajadores del sindicato.
El senador del PRD, Antonio García Conejo, en contra del dictamen, puntualizó que de acuerdo con información que posee, se despidió a cinco trabajadores de un sindicato del Estado, del sector salud. Ello, agregó, no es hostigamiento porque hay respeto absoluto a los derechos de los trabajadores.
Pidió que se realice una investigación de fondo y aplicar la ley de manera correcta.
Por su parte, el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que los trabajadores fueron hostigados y reprimidos, y llamó a no mantener políticas arbitrarias de despido y posteriormente negociar un nuevo convenio. Las leyes se respetan, agregó.
Precisó que se buscan reformas y cambios para la verdadera democracia sindical y respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
En favor de la propuesta, José Narro Céspedes, senador por Morena, detalló que los derechos de los trabajadores se han violentado permanentemente en los últimos años.
La senadora de MC, Patricia Mercado Castro, recalcó que en la reunión donde se analizó el dictamen, se dejó claro que no se juzga si los despidos son justificados o no, o si se necesita su reinstalación.
Lo que se discutió, recordó, fue pedir una solución sin hostigamiento y aceptando la diferencia que puede haber entre los trabajadores.
Casimiro Méndez Ortiz, de Morena, advirtió que Michoacán no es un paraíso laboral para los trabajadores del estado. No se trata de si son sindicatos chicos o grandes.
Señaló que en la entidad se hostiga y reprime a los trabajadores, por lo que se debe luchar al lado de ellos. Piden responsabilidad porque no han cobrado en un mes. Las respuestas violentas son cosas del pasado, es hora de los trabajadores, subrayó.
El senador del PRD, Ángel Mancera pidió que se aplique la ley, y se pronunció en favor de los términos expuestos en el exhorto. Si se ha despedido a alguien injustificadamente o se le ha hostigado, que se le aplique la ley, dijo.
En otro dictamen avalado en la sesión de este día, el Senado condenó enérgicamente el ataque contra las instalaciones de la empresa Arneses y Accesorios S. de R.L. de C.V. el jueves 29 de noviembre de 2018. Solicitó a la Procuraduría General de la República investigar lo sucedido y aplicar la Ley a los responsables.
El dictamen refiere que en dicha fecha, dentro de las instalaciones de esa empresa de Ciudad Acuña, Coahuila, se realizaron actos de violencia para impedir que los trabajadores eligieran libremente al sindicato que los represente.
Por esta razón, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje suspendió la prueba de recuento, a pesar que haber recuperado el orden, agregó.
En este sentido, el Senado solicitó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, establecer una fecha, lo antes posible, para que se realice la prueba de recuento correspondiente a los trabajadores de la empresa, así como asegurar que este recuento se realice bajo condiciones físicas y de seguridad mínimas para que su desahogo sea rápido, ordenado y pacífico.
La Comisión dictaminadora, de Trabajo y Previsión Social, señala en el dictamen que diversas organizaciones han condenado los actos de violencia, entre ellas, el Comité Ejecutivo Internacional de Industriall Global Union, que cuenta con más de 50 millones de trabajadores afiliados.
Asimismo, destaca que entre los agredidos estuvieron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, entre ellos su Director Jurídico, Abraham Garcilazo Espinosa, el cual falleció dos días después de un infarto fulminante.
Al presentar el dictamen, Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, dijo que la estrategia y política laboral mexicana busca cambiar las condiciones de trabajo, mejorar el bienestar de los trabajadores, la democracia y la libertad sindical. Ello, a fin de elegir a sus dirigentes en voto personal, libre y secreto, sin interferencias y sin prácticas antisindicales, de golpeadores.
No se puede reprimir a los trabajadores con actitudes violentas, agresivas o de cualquier otra índole para evitar que manifiesten su derecho a la libertad sindical, expuso el senador.
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