A fin de garantizar que se haga efectiva la transparencia en el combate a la corrupción, la Primera Comisión de la Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se solicita un informe al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sobre el criterio por el que se determinó no aplicar el requisito de la edad mínima para desempeñar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, así como de los avances de dicho sistema.
Con el mismo objetivo, en otro punto de acuerdo, se pide a la Mesa Directiva del Senado que defina la pertinencia de que se realice una reunión con los integrantes del Comité Ciudadano del SNA, en la que se analice el informe solicitado.
En el dictamen correspondiente se explica que en la fracción II del artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece 35 años como edad mínima para pertenecer al SNA; sin embargo en la convocatoria emitida por el Comité Ciudadano el 9 de marzo de 2017, para la designación del Secretario Ejecutivo del SNA se eliminó este requisito.
Esto bajo el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida toda discriminación por razón de edad en el ámbito laboral.
En cuanto al desarrollo del sistema, se argumenta que para hacer efectivo el combate a la corrupción, conforme a la estrategia planteada en la Constitución, es necesario conocer los objetivos de corto, mediano y largo plazo, limitaciones enfrentadas, avances obtenidos y consideraciones de diversa naturaleza sobre las que sea menester reflexionar para tomar las acciones necesarias.
Los dictámenes fueron aprobados en reunión de trabajo, en las que se aprobaron 17 puntos de acuerdo, entre los que se encuentra la remisión a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados la solicitud para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, a fin de incluir la discusión de una reforma Constitucional de segunda vuelta electoral.