Dialogó con autoridades de la SCJN, CJF, Segob, FGR, TEPJF, CNDH y CEAV
Importante, conocer la opinión de quienes ejercen los recursos: diputada Pilar Ortega
La Comisión de Justicia, que preside la diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), realizó la “Mesa de trabajo con autoridades del ramo de justicia hacia el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021”, con el objetivo de conocer de primera mano la opinión de las y los encargados de ejercer el gasto en este rubro.
La diputada Pilar Ortega afirmó que es fundamental escuchar a quienes ejecutan los recursos en esta materia, porque la Comisión debe emitir una opinión sobre el Proyecto de Presupuesto.
“El objetivo es escuchar de viva voz a las y los encargados del gasto, para que esta instancia integre la opinión al Proyecto que ya está en esta Cámara, de manera particular en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública”, abundó.
La diputada Ana Ruth García Grande (PT) dijo que se debe trabajar la proporcionalidad para los rubros del presupuesto y tener un procedimiento para establecer los montos y saber ahí las liberaciones correspondientes.
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (Morena) estimó importante cuidar el presupuesto del rubro de la justicia, porque es un eje fundamental. “La justicia no puede alcanzarse sin los recursos materiales necesarios y las condiciones que se viven en el país son muy complejas”.
De la misma bancada, el diputado Rubén Cayetano García agradeció la participación de las autoridades del ramo de justicia y pidió compartir la información presentada, por tratarse de datos relevantes.
El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) expresó su reconocimiento a las y los funcionarios que participaron en la mesa de análisis. “Vamos a apoyar un presupuesto que atienda las necesidades, considerando los argumentos planteados por todas las instituciones”.
Intervención de las y los invitados
Diego Gutiérrez Morales, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y representante del Consejo de la Judicatura Federal, mencionó que el Proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Judicial considera los recursos indispensables para garantizar que la SCJN, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los demás órganos de justicia federal, cumplan a cabalidad lo que confiere la Constitución en torno a la impartición de justicia y protección de derechos. El monto equivale a 72 mil 429.3 millones de pesos.
Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, de la Secretaría de Gobernación, preguntó qué criterio de proporcionalidad se utiliza para la asignación del presupuesto.
Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, oficial mayor de la Fiscalía General de la República, dijo que ante la situación económica del país y las condiciones complejas por la crisis sanitaria, se solicita para el ejercicio fiscal 2021 un presupuesto de 17 mil 346.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 0.4 por ciento en términos reales con respecto a lo aprobado para 2020.
Arturo Camacho Contreras, secretario de administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicó que el Tribunal está consciente de la problemática que atraviesa el país; “buscamos un presupuesto racional para hacer frente a las nuevas obligaciones”. Asimismo, se está incentivando el uso de la firma electrónica en los procedimientos internos para abatir el costo de papel y seguir a la vanguardia en tecnologías de la información
Laura Mendoza Molina, directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que la CNDH tendrá una disminución de presupuesto de 16 por ciento nominal y del 19 por ciento real, lo cual en ningún momento afectará el desarrollo de los trabajos de defensa y protección de los derechos humanos de las víctimas y las personas en riesgo.
Carlos Andrés Vázquez Murillo, director general de la Asesoría Jurídica Federal y Encargado de Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, indicó que el objetivo es fortalecer la atención que requieren las victimas mediante los servicios de orientación jurídica, médica, psicológica y trabajo, para lo cual se propone un aumento de 41.2 por ciento.
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