Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita los días 8 y 9 de julio de 2017 a las comunidades de Chiriaco, Cuninico y Puerto Alegría, así como a tres zonas de derrame del oleoducto norperuano, con el objetivo de recabar información sobre la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los derrames en la Amazonía peruana. La delegación estuvo integrada por el Comisionado Paulo Vannuchi, Relator para Perú, y personal de la Secretaría Ejecutiva.
La CIDH agradece al Estado peruano su invitación y valiosa colaboración y las facilidades brindadas para hacer posible esta visita, así como la participación en la visita de instituciones del Estado que brindaron toda la información requerida, incluyendo personal de los Ministerios de Salud, de Cultura, de Vivienda, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria (OSINERGMIN) y personal de Petroperú. La Comisión valora y agradece especialmente la participación de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, y el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, en la visita.
La Comisión recibió la invitación para realizar esta visita durante la audiencia Afectaciones a derechos humanos por derrames de petróleo en Perú, celebrada en su 158 Período de Sesiones en Santiago de Chile, en junio de 2016. Durante la audiencia, líderes de las comunidades afectadas denunciaron que se habrían producido en la zona 40 derrames de petróleo en los últimos 20 años, la mitad de ellos en los últimos 4 años, lo cual habría resultado en el envenenamiento de las aguas y los bosques, dejando a las comunidades sin agua y sin alimentos. En esa oportunidad, el Apu de la comunidad de Cuninico, una mujer de la comunidad y el Presidente de la Nación Wampis, informaron acerca de múltiples enfermedades que estarían sufriendo los miembros de sus comunidades, en especial niños y niñas. Por su parte el Presidente de la empresa estatal Petroperú señaló que la empresa ha realizado obras de reparación de los derrames, con el fin de limpiar la zona afectada y reparar a las comunidades afectadas. En consecuencia, invitó a la CIDH a verificar en terreno la situación. La CIDH recibió asimismo una solicitud de medidas cautelares referida a la situación de 38 comunidades ubicadas en las zonas de Marañón, Chiriaco y Morona como consecuencia de derrames de petróleo del oleoducto norperuano en zonas aledañas a sus comunidades. Dicha solicitud está actualmente en trámite ante la CIDH.
Durante la visita, la Comisión visitó las comunidades de Cuninico, Chiriaco y Puerto Alegría. En reuniones que incluyeron Apus y autoridades de decenas de comunidades, así como con una masiva participación comunitaria, la CIDH recibió información de parte de líderes y lideresas indígenas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros miembros de las comunidades sobre su situación en el marco de los derrames de petróleo. La Comisión agradece a las comunidades su hospitalidad y su organización para presentar información y expresar sus principales preocupaciones.
De manera general, la CIDH fue informada en las tres comunidades sobre la presencia subsistente de petróleo y otros minerales en los ríos y árboles que se utilizan como medio de transporte y subsistencia. Todas las autoridades destacaron la importancia de la presencia de dos Ministros de Estado en la delegación y su esperanza de ser escuchados. De acuerdo con la información que la CIDH pudo constatar, las comunidades de Cuninico y Puerto Alegría no cuentan con acceso a agua potable, y por tanto, han desarrollado un sistema de recolección de agua de lluvia que consumen sin ningún tratamiento. Las autoridades indígenas relataron que el agua de los ríos está contaminada y tampoco es adecuada para el consumo humano. La Comisión recibió además información sobre el impacto de los derrames en la alimentación de las y los habitantes de las comunidades debido a que el número de peces habría disminuido después de los derrames, y aquellos peces que han subsistido no serían aptos para el consumo ya que presentarían deformaciones y sabor a petróleo. Como consecuencia de lo anterior, se habrían producido afectaciones a la salud de las y los habitantes de la zona, como cólicos, diarrea, afectaciones de piel, alergias, sangrados y mareos, así como altos índices de desnutrición. La CIDH recibió también información sobre falta de atención médica adecuada e integral para estas afectaciones, que fueron reportadas como nuevas, para las cuales no conocen tratamientos. La CIDH también recibió información acerca de la necesidad de construir aulas y capacitar a los y las educadores.
La primera comunidad visitada por la CIDH, Cuninico, recibió a la Comisión con un acto que convocó a Apus o autoridades indígenas y distintos líderes y lideresas de las comunidades cercanas. Señalaron que su actividad principal es la pesca, y que desde el derrame no han podido conseguir peces aptos para el consumo, y que quedarían alrededor de 10% de los peces. Agregaron que los cultivos ya no producen lo mismo y que los árboles de plátano ya no producen suficiente comida para ellos. Indicaron que el agua del río está contaminada y que no tienen agua potable. La promotora de salud y la presidenta local del Programa Vaso de Leche relataron que han aumentado las afectaciones de salud, la presencia de contaminantes en los niños y niñas (reflejados en resultados de exámenes de sangre y orina) y las múltiples afectaciones a la salud así como desnutrición de los niños y niñas por falta de alimento. Solicitaron de manera urgente que el Estado provea de agua potable, alimentación adecuada mientras se reparan los daños de los derrames, apoyo para construir una piscigranja y atención de salud adecuada. En este sentido destacaron que el módulo médico construido requiere de una debida implementación y que hasta el momento sólo ha recibido la visita de un médico una vez en tres años.
La comunidad de Puerto Alegría recibió a la Comisión con un acto donde estuvieron presentes Apus y autoridades indígenas de diversas comunidades cercanas. La información provista por los y las representantes fue concordante con aquella presentada por Cuninico, en el sentido de necesitar agua potable, alimentos y atención de salud adecuada. Una de las solicitudes expresas del puesto de salud existente por ejemplo fue encontrar una manera que los botes tuviesen un acceso adecuado para desembarcar a las personas que requieren atención médica. La CIDH recibió también una muestra de agua con petróleo, que la comunidad informó habría sido recogida del río durante esa misma mañana.
La comunidad de Chiriaco recibió a la delegación de la CIDH en un acto presidido por el Alcalde de Chiriaco y Apus de distintas comunidades. A toda la información recibida con anterioridad y que es consistente con la falta de agua, alimento y salud adecuada, representantes denunciaron que en las actividades de remediación del derrame se habrían empleado niños y niñas para limpiar el petróleo del río. Agregaron que la investigación de estos hechos no ha avanzado y solicitan una pronta y eficiente investigación y sanción, así como una reparación adecuada. Agregaron que además del petróleo han sufrido contaminación de mercurio, cadmio y arsénico, principalmente debido a la minería y a los derrames de petróleo. Solicitaron de manera urgente que el Estado ponga a disposición de los pueblos indígenas servicios de salud adecuados y que se respete su derecho a la consulta previa, libre e informada.
Por su parte, en una reunión con la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Energía y Minas y representantes de los Ministerios de Salud, Vivienda, OEFA y OSINERGMIN y altas autoridades de Petroperú, el Estado informó que con anterioridad a esta administración, los programas sociales no eran implementados en las zonas aledañas al oleoducto debido a que se consideraban zonas con altos ingresos. Gracias a un decreto, hoy todas las comunidades indígenas pueden ser consideradas para tener programas sociales. Informaron además que la empresa Petroperú es una empresa 100% estatal, presidida por el Ministro de Energía y Minas, cuyo objetivo principal es el transporte de hidrocarburos. Las autoridades destacaron en la información presentada a la Comisión que un oleoducto es siempre una operación de riesgo y que sin embargo, el número de incidentes en Perú, de 1.32 por 1000 kilómetros por año es muy bajo en comparación con otros países. Representantes de la empresa señalaron que han tomado diversas medidas para mantener el oleoducto, contratando a empresas con las más modernas tecnologías para monitorear su funcionamiento adecuado. Asimismo, señaló que está tomando todas las medidas para evitar en la medida de lo posible que se produzcan más incidentes de derrames, tales como la contratación de vigilantes y patrulleros de la zona, y trabajo con las comunidades y pueblos para su participación en la protección del mismo. En relación con estos incidentes, agregaron que desde su construcción hasta 2017 el 62.63 % de los incidentes se han producido por hechos de terceros, el 26% por hechos naturales, 10% por corrosión , 1% por abrasión y 1% por falla de soldadura.
La Comisión recibió información de autoridades estatales en el sentido de que desde 2014 a 2016 se han producido un alto número de incidentes, la mayor parte de los cuales se habría producido por cortes hechos el oleoducto. En vista de esta situación, habrían estado en alerta permanente y elaborado un plan de contingencia para movilizarse rápidamente, sobre la base de buenas prácticas internacionales. Este plan consiste en una fase operativa, para llegar al sitio de la falla y repararla; una fase de acciones sociales, preventivas, destinada a atender a toda persona que se declare afectada por el derrame y una fase de acciones ambientales, para controlar los impactos de los derrames y remediar a través de empresas especializadas en este tipo de operaciones. La CIDH visitó dos zonas de derrame, así como un campamento establecido como base de operaciones para las obras de reparación. De acuerdo con lo que la CIDH pudo comprobar, las zonas que visitó estaban limpias de petróleo. El Estado explicó en detalle las acciones de reparación que adoptó a través de empresas especializadas, y la OEFA y OSINERGMIN explicaron sus labores en la fiscalización de las obras. El Estado fue explícito en señalar que el daño ocasionado no puede ser reparado completamente, y que se realizan evaluaciones comparativas para terminar las obras. Agregó que desde el año 1996 se creó un plan de relaciones comunitarias, a la que Petroperú le da especial relevancia, y que está centrada en apoyo social a través de entrega de agua, atenciones médicas y víveres; de capacitación en las comunidades y puestos como promotores de salud y monitores ambientales, así como la seguridad del oleoducto.
La CIDH insta al Estado a continuar y ampliar el diálogo con las comunidades afectadas en aras de proteger el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos y de adoptar las medidas necesarias para proveer agua, alimentos y servicios de salud adecuados a las comunidades que han sido afectadas por los derrames de petróleo y por agentes contaminantes provenientes de otras actividades tales como el mercurio.
La Comisión manifiesta su especial preocupación la información circulada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a dos días de concluida la visita, en la que reporta que se habría producido un nuevo derrame de petróleo a la altura del kilómetro 59 del oleoducto, en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto, cerca de la comunidad de Cuninico. La CIDH insta al Estado peruano a redoblar los esfuerzos de prevención de derrames para evitar la repetición de estos hechos y a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para proteger a las comunidades de los efectos de este derrame y proveer de asistencia humanitaria.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.