Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 25 de diciembre de 2019 la Resolución 68/2019, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Maria Patricia Arce Guzmán y sus hijos en Bolivia, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Al tomar su decisión, la Comisión valoró que, de acuerdo con la solicitud, el 6 de noviembre de 2019 la señora Arce fue interceptada y retenida por horas a manos de terceras personas, tras haberse atacado, destrozado y quemado dependencias de la Alcaldía que ella preside. La solicitud indicó que las terceras personas habrían agredido verbal y físicamente la señora Arce durante el trayecto que estuvo retenida por ellos, hasta que pudo ser rescata por la policía y trasladada a un hospital para su valoración y atención médica. Asimismo, el Estado informó que abrió de oficio una investigación fiscal por los sucesos, realizando las diligencias correspondientes y requiriendo que se active un programa de protección. El Estado indicó también que la señora Arce continuaría en funciones como alcaldesa.
La Comisión valoró las acciones adoptadas por el Estado, no obstante consideró que, tras análisis realizado y atendiendo a la seriedad de los hechos de los que fue objeto la señora Arce, no se identificó información que indique cuál es el alcance de su actual esquema de protección, ni se cuenta con elementos que permitan analizar su idoneidad y efectividad, siendo que la señora Arce indicó no contar con ningún esquema de protección tras lo sucedido en noviembre de 2019. Del mismo modo, si bien existiría una orden de aprehensión de una de las personas involucradas en los hechos, no se cuenta con información si efectivamente dicha persona habría sido detenida.
Asimismo, la Comisión consideró que los elementos mencionados reflejan la condición de vulnerabilidad en que se habría encontrado o podría encontrarse actualmente la beneficiaria ante un nuevo evento como el ocurrido, donde sus derechos se habrían encontrados expuestos a terceras personas ante la ausencia de un esquema de seguridad que la acompañe. Dado que la señora Arce estaría impulsando las acciones de denuncia sobre los eventos que enfrentó y considerando que ha retomado las funciones de su cargo público, la Comisión entiende razonable que enfrentaría una mayor situación de vulnerabilidad o sería posible blanco de ataques, según los elementos analizados en la Resolución.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión consideró que, desde el estándar prima facie, Maria Patricia Arce Guzmán y sus hijos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se solicitó a Bolivia que: adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Maria Patricia Arce Guzmán, y sus hijos, incluyendo la protección a sus derechos en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.
El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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