Ciudad de Guatemala – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su enérgica condena por las muertes y los hechos de violencia ocurridos durante la jornada electoral realizada el 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente.
Según cifras proporcionadas por el Ministerio Público, 10 personas perdieron la vida durante las manifestaciones del 30 de julio. Otras fuentes indican que este número ascendería a 16 personas, además de reportarse numerosas personas lesionadas. Asimismo, se reportaron 2 agentes de policía muertos y 4 en grave estado de salud en el estado Táchira.
Esta jornada electoral fue celebrada en el marco de la crisis que atraviesa Venezuela y en el contexto de casi 4 meses de protestas y represión; bajo restricciones a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, condenadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH el pasado 29 de julio.
Con anterioridad y durante la jornada se denunciaron amenazas e intimidaciones a los votantes para participar en las cuestionadas elecciones. Asimismo, se registraron actos de violencia cometidos por grupos de civiles armados o “colectivos”. Las manifestaciones públicas llevadas a cabo ese día fueron nuevamente reprimidas mediante el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La violencia de dicha jornada dejó además un gran número de personas heridas y detenidas.
Organizaciones de la sociedad civil registran un estimado de cien personas detenidos en al menos 13 estados y en el Distrito Capital, en contextos de manifestaciones públicas durante la jornada. Asimismo, se reportaron numerosas incursiones ilegales a las viviendas por parte de agentes de seguridad del Estado, sin contar con orden judicial, ni resultar de flagrancia, ocasionando daños a la propiedad. Varias autoridades y voceros del Gobierno desconocieron los hechos violentos arriba referidos y reportaron que el desarrollo del proceso electoral se habría dado con total normalidad.
La Comisión expresa su enérgica condena a los lamentables hechos ocurridos y urge a las autoridades competentes a realizar de manera inmediata las investigaciones correspondientes de manera diligente, efectiva e independiente que conduzcan al juzgamiento y sanción de los responsables y a obtener las medidas de reparación correspondientes a las víctimas y sus familiares.
En el contexto de la grave situación que atraviesa Venezuela, la Comisión reitera que resulta crucial que estos hechos no queden en la impunidad y que se tomen de manera urgente las medidas necesarias para evitar con la mayor rigurosidad, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.
La Comisión urge al Estado venezolano una vez más a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y reitera su llamado a la búsqueda de una salida democrática para la grave crisis que enfrenta a fin de restablecer la paz.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.