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Caso María Amparo Casar: atropellos y violación a derechos fundamentales

El caso de María Amparo Casar podría haber pasado desapercibido como un litigio más entre una dependencia gubernamental y una ciudadana. Sin embargo, su relevancia se magnifica al tratarse de una mujer que emite una crítica contundente contra el régimen político impuesto por la Cuarta Transformación, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que éste la tiene catalogada como una adversaria de la Cuarta Transformación.

Para contextualizar, la legalidad de la pensión ya otorgada, con más de 20 años de antigüedad, no puede ser decidida unilateralmente por una autoridad administrativa que carece de los conocimientos y la pericia forense necesaria para determinar la presencia de elementos delictivos en una conducta humana.

En este caso, PEMEX debería haber presentado una denuncia ante la fiscalía correspondiente, tal como aparentemente se hizo hace algunos meses, y esperar que terminará una investigación para someter ante una autoridad judicial el caso con todas sus evidencias para determinar, por esa vía legal, si hubo o no un suicidio o accidente de trabajo

Sin embargo, el presidente López Obrador cruzó una línea de ilegalidad al revelar los datos personales de los involucrados. La protección de la información personal es un derecho humano constitucional que todo gobierno debe respetar. Basta poner como ejemplo como los medios deben publicar la información de los criminales y delincuentes comunes: se les publica sus nombres con iniciales y se le debe cubrir el rosto, esto en respeto a la presunta inocencia y privacidad.

Si el caso es de interés público y el presidente tiene del derecho de dar a conocer el caso, la divulgación del litigio podría haberse realizado sin exponer la seguridad y privacidad de las personas involucradas, aún si se tratase de una sentencia. Ya que estos datos no son de interés público, incluso en el caso de conductas delictivas.

No es la mañanera la vía para hacer valer lo que a derecho corresponda si es necesario cancelar la pensión de PEMEX a favor de María Amparo Casar. Mucho menos estar exponiendo el presidente datos que son notoriamente privados que evidencian el uso de datos privilegiados que como autoridad accede contra una ciudadana.

Por otra parte, la autoridad administrativa tomó la decisión unilateral de cancelar la pensión sin que mediara una resolución judicial, la cual debería haber sido emitida por las autoridades competentes tras analizar las pruebas presentadas y desahogado los testimonios.

Es ampliamente conocido que al presidente no le agrada que se le recuerde que «la ley es la ley» cuando se trata de asuntos de su interés político. Sin embargo, en un Estado de Derecho es fundamental que tanto las autoridades como los ciudadanos nos sujetemos al respeto de los marcos legales y los procedimientos institucionales.