El Pleno cameral aprobó, con 385 votos, el dictamen que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población, para atribuir al gobierno federal, en coordinación con los estatales y municipales, la implementación de programas que garanticen la atención integral de mexicanos repatriados, poniendo énfasis en salud, educación y vivienda.
También, para que faciliten la acreditación de la nacionalidad; regularicen la situación migratoria y revalidación de estudios; impulsen programas que faciliten su inserción en el mercado laborar o actividades productivas, y promueva su reinserción social.
Con el documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se busca fortalecer la política del Estado orientada a la reinserción social de las y los mexicanos repatriados de Estados Unidos, así como sus vínculos sociales y culturales, en aras de que su regreso a México sea digno, productivo y benéfico, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Población, diputado Adolfo Mota Hernández (PRI), expresó que se trata de garantizar los derechos de los mexicanos repatriados, a través de una atención integral y orientación en materia de salud, educación y vivienda.
Es fundamental, dijo, que la Ley General de Población se actualice y atienda el tema de repatriados, y se vea, en este dictamen, la sensibilidad del Congreso mexicano para quienes regresen al país, a fin de que “encuentren no solamente la puertas abiertas, sino los artículos y consideraciones legales necesarias para que tengan un retorno integral en esas materias”.
Aseguró que esta reforma al artículo 83 provee a la Secretaría de Gobernación, junto con la de Relaciones Exteriores, la posibilidad de generar condiciones y exigencias para ver (el fenómeno de la deportación) de manera integral por parte de los repatriados.
Ulises Ramírez Núñez, diputado del PAN y proponente de la iniciativa, señaló que este dictamen está pensado para millones de mexicanos que viven con preocupación en Estados Unidos, a consecuencia de las más agresivas políticas migratorias en aquel país. “Es prioridad la seguridad, integridad y respeto a la dignidad de todos los migrantes”.
Subrayó que se trata de plantear una política transversal que no sea solamente temporal o de algún gobierno, sino que obligue a los tres órdenes de gobierno a coordinarse de manera estratégica y prioritaria, para dotar a esos migrantes de información inmediata y apoyo en salud, vivienda y educación.
La intención es que, a través de esta coordinación, se puedan establecer programas específicos para dotar de empleo a las familias que sean repatriadas y, a los compatriotas, de las mejores condiciones de vida, una vez que se vean afectados por las políticas migratorias en Estados Unidos.