La Cámara de Diputados aprobó por 363 votos un dictamen a la minuta que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que amplía la definición normativa de violencia laboral y constituye las conductas referidas en la Ley del Trabajo, además de las ya establecidas en la norma.
El dictamen, enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, destaca la imperante necesidad de incluir todas las manifestaciones posibles de violencia laboral en el concepto señalado en la norma en mención, ya que cada vez más mujeres se insertan en el mercado laboral y es necesario garantizar su debida protección y goce de los mismos derechos.
Al argumentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), indicó que la minuta establece como violencia laboral todas las conductas establecidas por la Ley Federal del Trabajo que violen sus derechos a mujeres trabajadoras en nuestro país.
En México, más del 26 por ciento de las mujeres que trabajan, son víctimas de violencia en sus centros laborales, muchas obligadas a convivir con sus agresores o son víctimas de diferentes tipos de discriminación como permanencia en el trabajo, reducción de salario, incluso menor goce a condiciones por motivos de sexo, estado civil, edad o maternidad.
Resaltó que en nuestro país una de cada cinco mujeres que trabajan es discriminada en su centro laboral. En 2017, a más del 10 por ciento de las mujeres les negaron oportunidades para ascender en su trabajo, más de 9 por ciento recibe menos salario por el mismo trabajo desempeñado por un varón en el mismo cargo laboral, y a 12 por ciento de ellas les exigieron prueba de embarazo al solicitar un trabajo.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES) resaltó que la violencia de género en cualquiera de sus ámbitos, es una problemática social, profunda y cultural que nos afecta, independientemente de la situación o circunstancia económica. Por ello, lo relevante de la reforma es erradicar por completo la práctica de ciertas empresas que exigen a sus trabajadoras pruebas de embarazo como condición para el ingreso o permanencia en su empleo.
La diputada de Nueva Alianza, Karina Sánchez Ruiz, señaló que de acuerdo con cifras del Inegi, 26.6 por ciento de las mujeres asalariadas han enfrentado alguna vez actos de discriminación laboral, negativa al acceso o permanencia al trabajo por cuestiones relacionadas con la edad, estado civil o maternidad, reducción o menor salario, prestaciones u oportunidades para ascender.
De MC, la diputada Mirza Flores Gómez (MC) afirmó que uno de los derechos laborales de la mujer es ejercer una lactancia digna en lo privado y público, no solo vinculado con la salud de las mujeres, sino un precepto laboral, que de posponerse pone en peligro la integridad física de la madre con complicaciones graves como obstrucción de los conductos, la mastitis, insuficiente producción de leche y continuidad de su lactancia.
Por el PVEM, la legisladora Paloma Canales Suárez se pronunció por erradicar la falta de oportunidades laborales en contra de las mujeres, ya que negarles el acceso a más y mejores empleos es un acto discriminatorio por razones de género, representa una violación a los derechos humanos, a un trabajo digno y a un salario bien remunerado. En México, 26.6 por ciento de las trabajadoras han enfrentado alguna vez ese tipo de conductas por cuestiones relacionadas con la edad, estado civil o la maternidad.
De Morena, Karen Hurtado Arana dijo que las leyes que protegen contra este delito no contienen mecanismos de denuncia ni de sanciones para los responsables, dejan a las víctimas de violencia laboral sin posibilidad de defensa; por ello, votaremos a favor del dictamen que tiene por objeto ampliar la definición de violencia laboral en la Ley.
El diputado perredista, David Gerson García Calderón, mencionó que este dictamen impide que se despida o coaccione directa o indirectamente a una mujer trabajadora a renunciar por estar embarazada, cambio de estado civil o tener el cuidado de los hijos menores; por ello, voto a favor.
Del PAN, la diputada María García Pérez indicó que nuestros prejuicios y estereotipos sociales mantienen barreras ocultas que dan lugar a un techo de cristal para las mujeres en el acceso a oportunidades; por ello, manifestó su voto a favor del dictamen, que incluye en la definición de violencia laboral las conductas que restrinjan, prohíban o coaccionen su derecho al trabajo.
Por último, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), manifestó que uno de los avances desarrollados por este Congreso establece la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, para promover la inclusión laboral, igualdad salarial y la oportunidad entre las y los trabajadores. Asimismo, se tiene el compromiso de seguir trabajando en asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres.