El Pleno del Senado avaló aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
En la sesión de este día, se aprobó con 82 votos a favor y 34 en contra en lo general, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
Se establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito similar al contrabando y su equiparable.
Señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.
Para presentarlo, la senadora Marybel Villegas Canché, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, refirió que de 2014 a junio de 2019 se identificaron cerca de nueve mil empresas que facturan operaciones simuladas.
Dichas empresas emiten ocho millones de facturas con lo que suman 1.6 billones de pesos, lo que implica una evasión de 354 mil millones de pesos, es decir, equivale a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto. Los recursos por evasión podrían ser destinados a las entidades con mayores rezagos sociales, señaló.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Mayuli Latifa Martínez Simón, precisó que las modificaciones a la Ley Federal de Delincuencia Organizada tipifican y equiparan la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada con la delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado supere los siete millones 804 mil 230 pesos.
En la Ley General de Seguridad Nacional se adiciona una fracción XII al artículo 5 para que los actos ilícitos en contra del fisco federal, es decir defraudación fiscal, se consideren como amenaza a la seguridad nacional, señaló.
Posicionamientos
La senadora Sasil De León Villard, afirmó que se estima que ocho millones de facturas falsas se producen al año. Representan dos billones de pesos. Un monto equivalente a 70 por ciento de la recaudación prevista para 2019. Ante estos hechos, el Grupo Parlamentario del PES, dijo, votará en favor de este dictamen que constituye un esfuerzo para combatir las malas prácticas fiscales.
El senador Miguel Ángel Mancera informó que el PRD apoya el planteamiento de la Secretaria de Hacienda. Sin embargo, se deben precisar los tipos penales abiertos, no dejar las conductas a la interpretación de que cualquier contribuyente pueda caer en delincuencia organizada, además incluirlo, como seguridad nacional. "No estamos de acuerdo".
En su participación, el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del PVEM, dijo que con la aprobación de este dictamen se dará un mayor margen de actuación a las autoridades fiscales y penales para inhibir la compra y venta de facturas falsas, delito que ha reducido el potencial de recaudación del gobierno.
A su vez, el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Partido del Trabajo, señaló que la iniciativa abona al combate contra la corrupción. Además, anunció que su bancada está en favor de la legalidad y del Estado de Derecho, así como en la participación social para alcanzar los objetivos nacionales. Adelantó que votarían a favor de la iniciativa.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Samuel García Sepúlveda celebró que el Senado “se anime a ir con todo el peso de la ley” en contra de las empresas fantasmas, la compra y venta de facturas. Pero se tiene que corregir el tipo penal de la defraudación fiscal, porque se puede ejercer la prisión preventiva oficiosa en contra de una persona que omitió una declaración fiscal.
Nuvia Mayorga Delgado, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, acusó que “esta es una reforma penal que criminalizará” a los contribuyentes, personas morales y físicas, sin distinción alguna. “Uno de los absurdos de esta ley es que hace que la delincuencia organizada sea un sujeto de derecho que debe pagar impuestos”, expresó.
Por su parte, la senadora Minerva Hernández Ramos expresó que Acción Nacional votaría en contra del dictamen porque establece reformas inconstitucionales que pondrán a los contribuyentes cumplidos “contra la espada y la pared”. Asume, dijo, que todos son delincuentes organizados y que la evasión fiscal es “el deporte nacional”.
El senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, aseguró que esta reforma está en favor de los empresarios que generan empleos y se la juegan por México. La propuesta, señaló, es del pueblo de México que “está harto de los políticos delincuentes, disfrazados de empresarios. Es la hora de cerrarle el paso al influyentísimo, a la corrupción y a la impunidad”.
Reservas aprobadas
La Asamblea aceptó la modificación al artículo primero transitorio, propuesto por la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena, a efecto de establecer que esta reforma entre en vigor el 1 de enero de 2020 y sea aplicable al ejercicio fiscal que comienza el próximo año.
Asimismo, se avaló una reserva presentada por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, para modificar el artículo segundo transitorio con el objetivo de que todos los ilícitos cometidos antes de la entrada en vigor del presente decreto, continúen siendo investigados, juzgados y sentenciados por las autoridades correspondientes.
“No podemos perdonar a los grupos que incurrieron en conductas ilícitas, se debe facultar a las autoridades para que no queden en la impunidad”, sostuvo el promovente.
El senador Ricardo Monreal Ávila presentó, a su vez, tres reservas al dictamen.Una que tiene que ver con el artículo 2, relacionado con el 113, tanto del Código Penal de Procedimientos Penales como del Código Fiscal de la Federación. Se agrega en la fracción tercera que la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados de conformidad con los dispuesto en el artículo 113 BIS del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras cantidad o valor de los comprobantes fiscales superen tres veces lo establecido en la fracción 3 del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.
Debido a que la redacción no establece un parámetro en la expedición, compra, venta o enajenación dolosa de un comprobante fiscal falso, el legislador de Morena propone que se considere al pequeño contribuyente con hasta 8 millones de pesos, para que no afecte la disposición ni en prisión oficiosa ni en delincuencia organizada.
Quiere decir que, en caso que el juez considere culpable al pequeño contribuyente, este tenga una pena de dos años, por lo que podrá enfrentar el procedimiento en libertad. También propuso adicionar en el artículo 113 la palabra "a sabiendas" en lugar de "dolosa".
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