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Aprueban mayores sanciones contra la violencia familiar

Diputados de todos los partidos en el Congreso, aprobaron por unanimidad cambios al Código Penal estatal y al Código de la Familia para sancionar de manera más severa casos de violencia familiar, por lo que se perseguirá de oficio este tipo de prácticas, se establecerán mayores penas a culpables de abuso y hostigamiento sexual y se fortalecerán los derechos de las mujeres. 

En la sesión plenaria de este día, también se aprobó un punto de acuerdo para que el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Salud estatal revisen y modifiquen en su caso el marco normativo ante las quejas por el ruido en establecimientos como bares, restaurantes y cantinas; modificaciones a la Ley de Educación y se avaló la licencia solicitada por tres legisladores de diferentes partidos políticos. 

En torno al endurecimiento de medidas contra la violencia contra las mujeres, diputadas de las fracciones del PRI, PAN y Morena exhortaron a erradicar este tipo de prácticas. 

“Lo que en estos momentos estamos analizando son temas delicados, por los que han luchado las mujeres por muchos años, existe violencia a las mujeres y ya es hora de decir basta a todo tipo de prácticas”, enfatizó la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez (PRI). 

“Reconocer que en esta materia las organizaciones de la sociedad civil han luchado para que se acabe la violencia de género y reconocer al gobierno del estado que haya propuesto esta iniciativa que le da a la mujer la defensa contra la violencia familiar, además para su dignidad como mujer”, destacó Beatriz Zavala Peniche (PAN). 

“Nuestro apoyo y solidaridad a la doctora Sandra Peniche Quintal, activista por los derechos de las mujeres, por lo que exhorto a las autoridades, tanto del gobierno y como del municipio para que garanticen y salvaguarden la integridad personal de la doctora y de cualquier otra mujer en el estado, porque se debe garantizar la libertad de expresión, que no se permita y tolere agresiones a ninguna otra mujer”, señaló Jazmín Villanueva Moo (Morena). 

Entre las reformas aprobadas, a favor de los derechos de la mujer, Marena López García (PRI) detalló que se perseguirán por oficio los delitos de violencia familiar cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez durante el embarazo o en los tres meses posteriores al parto; cuando la víctima sea menor de edad o mayor de 60 años; cuando la víctima tenga alguna discapacidad; cuando el delito se cometa por dos o más personas o cuando el denunciado tenga antecedentes de violencia familiar contra la víctima. 

Para este delito también se aumentará la pena de seis meses hasta cinco años de prisión, cuando antes era hasta cuatro años; así como en el caso de hostigamiento sexual que será de uno a tres años de prisión, cuando antes era de tres días hasta un año de prisión. 

También, declaró, se tipifica el delito de acoso sexual, que se complementa con el de hostigamiento, a fin de proteger a las mujeres que son víctimas de esta forma de violencia en la vía pública, en la calle o en el transporte público, al igual que sanciona a quienes cometen actos de exhibicionismo no consentido o que tomen fotos a las mujeres sin su consentimiento, el cual tendrá una pena de uno a dos años de prisión, que podría aumentar cuando se trata de menores de edad, de año y medio a tres años de cárcel. 

De la misma forma, López García mencionó que se deroga el requisito que pedía un año de duración al matrimonio que para solicitar el divorcio, para que cualquier mujer que sea víctima de violencia pueda separarse legalmente de su pareja, en caso de que así se requiera.

Por último, añadió que se actualiza el Código Penal referente al reconocimiento de la maternidad y paternidad, al igual que en conjunto con el Código de Familia, para armonizar sus definiciones y alcances de la reparación del daño, las órdenes y las medidas de protección, en plena concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida sin violencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

LICENCIA DE DIPUTADOS 

Durante la jornada de este día, Jazmín Villanueva Moo también anunció que solicitó su licencia por tiempo ilimitado al cargo de diputada por la vía plurinominal, con el reconocimiento en tribuna de las legisladoras Rivas Rodríguez y Zavala Peniche, al igual que de David Barrera Zavala (Nueva Alianza), por los casi tres años de su labor. 

En la plenaria del día, la LXI Legislatura también avaló la licencia por tiempo ilimitado de Elías Lixa Abimerhi (PAN), para el cargo de diputado por el cuarto distrito local; así como la de María Ester Alonzo Morales por el IX distrito (PRI), para lo cual, rindió compromiso constitucional su suplente, Olga Dinora Abraham Martínez. 

PUNTO DE ACUERDO CONTRA EL RUIDO 

De la misma forma, las cinco fuerzas políticas aprobaron un punto de acuerdo para que el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Salud estatal revise y modifique, en su caso, el marco normativo respectivo a bares, restaurantes y cantinas, dentro del Centro Histórico de la capital yucateca para que se regularice y cumplan especificaciones técnicas, debido a quejas ciudadanas por el ruido de estos establecimientos. 

Sobre el tema para mantener el equilibrio ambiental en el primer cuadro de Mérida, Celia Rivas indicó que es necesario esta medida para propiciar la conservación y armonía del Centro Histórico, para lo cual presentó una propuesta de modificación para que se amplíe el exhorto a la Secretaría de Salud estatal, ya que en primera instancia, solo se hacía un llamado al Ayuntamiento.

 “Para lo anterior se sugiere privilegiar el diálogo y consenso con las cámaras empresariales de los ramos hotelero y de servicios turísticos, buscando una solución antes de la conclusión de la presente administración municipal”, agregó. 

En el mismo sentido, Beatriz Zavala manifestó que se necesita la coordinación de ambas instancias para modificar, en su caso, el uso de suelo, los criterios de autorización de estos establecimientos que generan mayor ruido en el centro de la capital yucateca, que también se ha vuelto habitacional, para que de manera conjunta se atienda este problema de salud, de medio ambiente y de convivencia. 

Reconociendo la presencia de los empresarios hoteleros Esther Montiel, Marisol Méndez, Héctor Navarrete, Jorge Escalante y Juan Bosco Quiroz, el diputado del PVEM, Enrique Febles Bauzá, aclaró que el objetivo no es afectar a los establecimientos, sino mantener al centro histórico de Mérida como un punto atractivo para todos. 

“Este llamado tiene como fundamento las quejas ciudadanas de vecinos, hoteleros y empresarios, porque su apoyo a este punto de acuerdo es fundamental, lo justo es sentarse y comprometerse a trabajar para cumplirle a todos, tiene que estar incluidas todas las partes”, sentenció. 

Además, fueron avalados tres dictámenes. Por mayoría: las modificaciones a la Ley de Educación para brindar autonomía al Instituto de Profesionalización Docente y otro sobre modificaciones a diversas leyes en materia de disciplina financiera; así como por unanimidad: el dictamen para desaparecer los sistemas de agua potable de Conkal, Cuzamá, Hocabá y Homún. 

Al abordar las modificaciones a la Ley de Educación, Jazmín Villanueva expresó que se abstendría de votar, incluso cuando no existe esta figura en la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, aunque aclaró no estar en contra de mejorar la calidad de los modelos educativos, pero consideró que se debe hacer un análisis más profundo al tema. 

Por el contrario, Lorena Méndez Canto (PRI) señaló que al crearse el Instituto para el Desarrollo Profesional Docente del Estado como un organismo público descentralizado, tendrá la tarea de impulsar la educación de calidad en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior; además de fortalecer el desarrollo de aptitudes y conocimientos del personal docente, a través de estrategias que actualizarán los conocimientos de quienes participan. 

“La tarea principal del instituto será la de capacitar a quienes forman parte del proceso educativo en pro del alumnado en la entidad, por medio de programas innovadores que abonen a la impartición de clases con perspectiva de género y en plena observancia a los Derechos Humanos”, recalcó. 

En concordancia, Rafael Montalvo Mata (PAN) reiteró que el fin único es dar a los alumnos una educación de calidad y los diputados no serán obstáculo para que un maestro no pueda ser dotado de herramientas, además “seremos vigilantes que cada peso invertido sea direccionado para lo que se necesita, para la educación, y el pan pone la coincidencia para sacar adelante a la educación, los maestros y los estudiantes”. 

El impulsor de la iniciativa, Marbellino Burgos Narváez (Nueva Alianza) resaltó que la creación del instituto Profesional Docente servirá para sembrar en nuestros maestros, la fuente de una plataforma para ampliar sus conocimientos y mantenerse al día, respaldando a más de 29 mil docentes con políticas públicas concretas, reales y materializadas. 

“Continuemos demostrando con tareas legislativas para que niñas, niños y jóvenes tengan una educación de calidad, se tiene que seguir trabajando para mejorar las escuelas y para impulsar la igualdad, nuestras maestros están comprometidos con las nuevas generaciones”, subrayó. 

Referente a las modificaciones a las leyes de coordinación fiscal, de gobierno de los municipios, el Código de Administración Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y la de Contabilidad Gubernamental, Antonio Homá Serrano (PRI) declaró que se da certidumbre al manejo de la hacienda pública estatal y municipal, garantizando que la deuda pública se manejará de forma transparente, con un registro total de los compromisos y en proporción razonable con los ingresos. 

“El estado y los municipios podrán afectar las participaciones federales que les correspondan, para que sirvan como garantía respecto de los empréstitos que se contraten, los cuales quedarán señalados en el Registro de Empréstitos y Obligaciones del Estado, a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas”, añadió. 

La LXI Legislatura también avaló la propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para que los diputados Lorena Méndez y Pedro Canul Chi (PRI), sustituyan a Rosario Díaz Góngora y Evelio Dzib Peraza, respectivamente, en los espacios que ocupaban en las comisiones permanentes. 

De la misma forma, se turnó a la comisión de Igualdad de Género, la iniciativa de decreto para crear el Reconocimiento “Consuelo Zavala Castillo”, presentada por las mujeres diputadas de esta soberanía; al igual que se dieron a conocer oficios de la legislatura de Guanajuato y del presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Para finalizar, se aprobó realizar la siguiente sesión el próximo jueves 22 de marzo del año en curso a las 11 de la mañana, fecha en la que se rendirá el Informe Anual de Actividades del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inaip).

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