Reintegrar a la sociedad a quienes han cumplido penas por hechos contra la Ley mediante diversas acciones y programas sociales son los objetivos principales de la estrategia de reinserción social que se establece en la nueva Ley de Servicios Post Penales, cuyo dictamen fue aprobado por unanimidad por integrantes de la comisión de Justicia y Seguridad Pública.
Sobre la que sería la vigésima nueva ley avalada en lo que va de la presente Legislatura, la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez (PRI) informó que el tema se centra en el respeto de los derechos humanos y la no discriminación, con lo que Yucatán da un paso importante al homologarse con la Ley federal.
El dictamen aprobado y que en breve será turnado al Pleno para su votación, detalló Rivas Rodríguez tiene como objetivo principal incorporar los derechos de las personas liberadas después de cumplir su condena y acompañarlos mediante diversos programas para apoyar su reinserción a la sociedad.
Entre los principales puntos del dictamen aprobado, detalló destacan que se reconoce el derecho a la cancelación de los antecedentes penales de las personas que hayan cumplido su condena, de modo que no sean discriminados por su pasado; además se plantea una estrategia de reinserción social en dos partes: reintegrar a los liberados a la sociedad y evitar la reincidencia delictiva mediante programas sociales, destacó.
Rivas Rodríguez, agregó que además se establecerán programas específicos de capacitación para el aprendizaje de técnicas, oficios o aptitudes que faciliten la reinserción de las personas liberadas; al igual que se fomenta la inserción de los liberados en el mercado laboral, mediante la colocación de empleos, la entrega de apoyos para el autoempleo o para el establecimiento de microempresas.
Asimismo, planteó, se podrá facilitar la regularización de los liberados en el sistema educativo, se promovería la actividad deportiva y recreativa, así como las actividades culturales entre las personas liberadas; al igual que se garantiza un tratamiento específico para la reintegración de los adolescentes que hayan sido sentenciados a internamiento, mediante tratamiento psicológico para ellos y sus familias.
La diputada además mencionó que las personas podrían acceder a los Servicios Post Penales desde el momento en el que son liberados para facilitar y agilizar su reinserción social, además de fomentar la participación de la iniciativa privada en estos servicios mediante apoyos fiscales, para que se involucren en la reinserción de las personas liberadas o externadas.
“Se garantiza el respeto a los Derechos Humanos de las personas liberadas, mediante la restitución total de sus derechos ciudadanos, el trato justo de parte de las autoridades y el apoyo que reciban de éstas para lograr reintegrarse a la comunidad”, resaltó.
Referente al mismo tema, el vicepresidente de la comisión, Moisés Rodríguez Briceño (PAN) solicitó armonizar el artículo tres de la referida nueva ley con el artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para que en todo lo relacionado con los servicios Post Penales exista una coordinación entre el gobierno federal y estatal con el objeto de homologar las normas.
El presidente de la comisión, Daniel Granja Peniche (PRI) resaltó el artículo cinco de esta Ley recién aprobada que destaca que las personas que sean liberadas de una condena podrán acceder a la cancelación de la información relativa a sus antecedentes penales, a la redistribución de sus derechos individuales y tener el derecho de contar con los servicios Post Penales.
En su turno, Raúl Paz Alonzo (PAN) manifestó que esta ley es un gran avance y es clamor del sector de la sociedad a nivel nacional, por lo que en Yucatán se da pie a homologar la norma “y estamos muy orgullosos de este dictamen”.
En la comisión también se continuó con el análisis de las iniciativas en materia de justicia para adolescentes, la armonización de la miscelánea penal, ejecución penal en el tema abusivo de bebidas alcohólicas y tabaco, sobre incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en adultos mayores y en materia de alienación parental.
Sobre este último tema, se distribuyó entre sus integrantes las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) con respecto al juicio de intervención que contempla la iniciativa para modificar el Código de Familia y el Código de Procedimientos Familiares.
Controversia Constitucional
En otro tema, finalizó la fase de instrucción sobre la controversia constitucional 207/2017 interpuesta por el Poder Judicial del Estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de fuero Constitucional, en la cual comparecieron integrantes de la dirección jurídica del Congreso del Estado y se presentó un documento suscrito por el diputado Elías Lixa Abimerhi (PAN).
A las nueve de la mañana se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos respecto a este caso donde comparecieron los licenciados Miguel Ceballos Quintal y Ángel Herrera Villanueva, delegados del Poder Legislativo del Estado, para constar la ratificación de las pruebas y la presentación de los respectivos alegatos.
También se dio cuenta de los alegatos enviados por el Poder Judicial y el documento entregado por el integrante de la LXI Legislatura, Lixa Abimerhi. Una vez concluida esta fase, ahora solo resta esperar la resolución que emita el Pleno de la SCJN.