Representaría un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos para el próximo año, señala
El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, anunció que el próximo miércoles se discutirá en el Pleno el dictamen de reforma constitucional para reducir el 50 por ciento del financiamiento público a partidos políticos.
En declaraciones a la prensa, el legislador subrayó que esa disminución representaría un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos para el siguiente año. “Son recursos que, sin duda, hacen falta en salud, educación y el campo”.
Dijo que se reformará la Constitución con el objetivo de que los partidos cuesten la mitad. Como es una reforma a la Carta Magna, se deben generar consensos con la meta de tener las dos terceras partes de los votos requeridos.
Delgado Carrillo explicó que el financiamiento de los partidos se obtiene por medio de una fórmula establecida en la Constitución, que es el 65 por ciento del valor de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) multiplicado por el total del padrón electoral.
La propuesta, y es como viene el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, aclaro, es que en lugar del 65 por ciento del UMA, sea el 32.5, lo que cortaría a la mitad el financiamiento.
Delgado Carrillo detalló que para el miércoles también se prevé la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en materia de bloqueo de cuentas.
Sobre la sesión de mañana refirió que se abordarán las reformas constitucionales en temas de consulta popular, revocación de mandato y en materia de condonación de impuestos.
Precisó que en el caso de la consulta popular “vamos con la minuta que nos llegó del Senado, que tiene una modificación de fechas sobre cuándo pueden realizarse las consultas. También podrá haber consultas regionales”.
Respecto de la condonación de impuestos, refirió que se va a regresar a la minuta original de la Cámara de Diputados. “Hicimos una evaluación seria de las modificaciones del Senado y, desde nuestro punto de vista, abre la puerta para que se mantenga una facultad discrecional del Presidente de la República de hacer favores fiscales a grandes empresarios”.
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